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Sus probadas relaciones con los extraditados ex jefes de las autodefensas Hernán Giraldo Serna y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; los resultados atípicos que obtuvo en las controvertidas elecciones al Senado en marzo de 2002; las detalladas declaraciones de ex paramilitares arrepentidos, así como de dirigentes políticos comunales; la inscripción de un acuerdo político en el que aparece su rúbrica para favorecer los intereses de las autodefensas; los asesinatos de varios políticos locales que se rehusaron a apoyar su candidatura; y la extensa confesión de Rafael García, el “ventilador” de la parapolítica, fueron las evidencias que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a condenar a siete años de prisión al senador del Partido de la U Mauricio Pimiento Barrera.
La Sala Penal de la Corporación consideró que el parlamentario —detenido en la cárcel La Picota desde el 15 de febrero de 2007— cohonestó con el proyecto paramilitar impuesto por Jorge 40 para las elecciones de 2002 a través de lo que el entonces comandante del Bloque Norte denominó “distritos electorales” que, en palabras castizas, significó nada más ni nada menos que la repartición de los municipios del Cesar y el Magdalena para determinado candidato apadrinado por los intereses de Jorge 40. En otras palabras, la orden que se dio en aquella época era muy clara: o se vota por el aspirante de las Auc o se muere.
El alto tribunal condenó a Pimiento por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector, y además lo obligó a cancelar una multa de $923 millones. La sentencia tiene una enorme relevancia en el contexto del proceso parapolítico debido a su notoria influencia no sólo en el Cesar, sino en Bogotá. Poder político que empezó a cultivar desde hace más de una década, cuando fue elegido como primer mandatario de los cesarenses. Pimiento era, además, uno de los senadores consentidos en la Casa de Nariño.
Las pruebas
Tanto para la Corte, como para la Procuraduría, “Pimiento es otra de las fichas políticas de las autodefensas”, cuyo propósito era extender sus tentáculos criminales al Congreso de la República. Uno de los declarantes en su contra fue Luis Alberto Carreño Vásquez, alias Guillermo, un ex paramilitar confeso que declaró que en 2002 fue testigo de una reunión “cordial y familiar” entre Pimiento y Hernán Giraldo, por lo cual concluyó que “si no tenía ataduras con esa asociación delictiva no hubiera acudido a citas con miembros de esa organización ilegal”.
De igual manera fue determinante para la Corte el testimonio del líder comunal y ex trabajador de la empresa Carbones del Caribe Alfonso Palacio Niño, quien sostuvo que era por todos conocido en la región del Cesar que las autodefensas le asignaron a Mauricio Pimiento la zona noroccidental del departamento, integrada por ocho municipios en los que, “aunque su votación no fue aplastante”, los miembros de las Auc sí hicieron saber de su sentencia de muerte a cualquier ciudadano que no votara por Pimiento y, en general, por los candidatos impuestos por los paramilitares.
Su denuncia fue corroborada por Rafael García Torres, quien en minuciosos y extensos relatos a la Corte señaló el derrotero político de las autodefensas para apropiarse del poder regional en la Costa Norte. De igual manera, aparece en el expediente una grabación entre Yolanda Pupo y Jorge 40, fechada el 8 de marzo de 2002, en la cual se revela que la orden impartida por el comandante del Bloque Norte “era apoyar a Mauricio”. “No era una persona común y corriente o un paramilitar de base quien hizo esa afirmación, sino uno de los directivos de esa empresa delictiva”, manifestó la Procuraduría en el auto de pliego de cargos que le dicto a Pimiento recientemente.
También aparece otra conversación entre dos jefes ‘paras’ en la que se evidencia el apoyo de Pimiento a un candidato a la alcaldía de La Jagua de Ibirico por orden de las Auc. También aparecen relacionadas en el proceso los asesinatos de Jorge Arias y Hermides Rangel, dos líderes políticos que se negaron a seguir la orden perentoria de los grupos paramilitares. Pese a todos estos testimonios y pruebas documentales, la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema que absolviera a Pimiento porque, en su criterio, no existían pruebas contundentes en su contra.
Por su vuelo político e influencia electoral, la condena de Pimiento es, hasta ahora, la más relevante del proceso parapolítico.
En cifras
68 congresistas elegidos para el período 2006-2010 están involucrados con el escándalo de la parapolítica.
33 de ellos han sido detenidos. El único que hasta el momento ha sido absuelto es el conservador José de los Santos Negrete.
5 han recibido condena: Dieb Maloof, Alfonso Campo Escobar, Erik Morris, Jorge Luis Caballero, y ahora, Mauricio Pimiento.