Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La juez segunda especializada de Cundinamarca profirió sentencia condenatoria en contra de seis militares por su participación y responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato del joven Fair Alexander Porras, presentado como guerrillero abatido en combate en enero de 2008.
En la decisión judicial se condenó al mayor Wilson Quijano Mariño, por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, puesto que según los testigos que se presentaron en el proceso fue el responsable de recibir al joven y posteriormente dar las ordenes para su asesinato.
«Resulta palmario para el despacho que la muerte del señor Fair Leonardo Porras, no se produjo como consecuencia de un enfrentamiento armado con miembros del Ejército, sino que se trató de una ejecución extrajudicial», sostuvo la juez.
En el caso del teniente Diego Aldair Vargas Cortes, este fue condenado por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravada y falsedad en documento, señalando en este último cargo que fue el responsable de presentarle al CTI de la Fiscalía el registro de la muerte de la joven en que se describia que había caido en combate.
«Se declararon hechos falsos, tergiversando la verdad», precisó la juez al señalar que el joven de 26 años que sufría sindrome de Down había sido abatido por las Fuerzas Militares.
Por su parte el Cabo Carlos Manuel Gonzalez Alfonso fue hallado responsable del delito de homicidio agravado, aclarando que no se pudo demostrar su pertenencia a un grupo encargado de reclutar personas de manera ilegal.
«Se probó la privación de la libertad del señor Porras Bernal, quien fue ocultado sin que se hubiese noticiado sobre su paradero, sustrayendolo así del amparo legal», sostuvo la Juez durante la lectura del sentido del fallo.
Los soldados Ricardo Contreras Aguilar y Carlos Zapata fueron hallados culpables del delito de homicidio agravado. La juez le ordenó a las autoridades la captura de los implicados en este caso y su retiro inmediato del Ejército.
Según la Fiscalía el joven fue “reclutado” desde el municipio de Soacha, Cundinamarca y trasladado a Ocaña, Norte de Santander, en donde fue entregado al grupo de uniformados que lo presentaron el 12 de enero de 2008 como guerrillero.
En la investigación se pudo demostrar que el hombre de 26 años sufría de retraso mental, hecho por el cual no podía manipular ninguna arma de fuego, y que dada su condición requería de un cuidado especial.
Los militares que son procesados por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento privado han sido señalados por varios testigos de haber recibido al joven en el Batallón por un reclutador que recibió un millón de pesos por su labor.
Por estos hechos, un fiscal de la unidad de derechos humanos le solicitó a la juez que emita la máxima condena (60 años) contra los dos oficiales, dos suboficiales y dos soldados.
Conoce más