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Los afectados con esta medida son los soldados profesionales Jhon Jairo García Vargas y Jhon Alexander Silva Bello, condenados a 30 y 28 años de prisión, respectivamente, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo del Ejército.
Según lo establecido por la Fiscalía, los sentenciados intervinieron en los asesinatos de dos campesinos de esa región, en el 2007.
Las víctimas fueron identificados como Aquilino Gómez Sánchez y Anselmo Chaparro Laverde.
Labores investigativas determinaron que los entonces uniformados llevaron por la fuerza a las víctimas a la vereda Sisvaca, municipio de Aquitania (Boyacá), donde fueron encontrados sus cadáveres atados de manos y degollados.
García Vargas y Silva Bello se encuentran confinados en las cárceles de El Barne y de Sogamoso, respectivamente.
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