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Varias tablas del Puente de Occidente, en Santa fe de Antioquia, se rompieron cuando un profesor y su hija se encontraban pasando. Los dos cayeron a las aguas del río Cauca el 29 de noviembre de 2011 y desde entonces una mujer quedó sin su esposo y sin su hija. Ahora, más de diez años después de la tragedia, un juzgado de Medellín condenó al departamento de Antioquia por esta tragedia.
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Por este caso de negligencia, un juzgado del circuito de Medellín condenó al departamento de Antioquia por el hecho que causó la muerte de esta familia. Según este juzgado, el departamento sería el responsable administrativo por la muerte de este hombre y su hija debido a que las obras ejecutadas para la restauración de este monumento nacional no tuvieron una supervisión adecuada por parte del departamento, quien era el encargado de realizar esta revisión.
Este juzgado aseguró que, además de responsabilizar al departamento por “no garantizar a los transeúntes la seguridad necesaria para transitar por el Puente de Occidente”. También el municipio de Santa Fe de Antioquia fue declarado responsable porque “era el encargado de velar por una correcta ejecución del contrato de obra, debía garantizar que el puente fuera seguro para el tránsito de peatones, obligación que no cumplió a cabalidad; en efecto, no es posible que si el contrato de mantenimiento finalizó el 28 de octubre de 2011, un mes y un día después ocurriera el accidente por deterioro de las tablas ubicadas en la zona peatonal”, dicta el fallo condenatorio.
El día en el que murieron Elkin Mario Castaño y su hija, el río estaba crecido. Los dos, acompañados de la esposa de Castaño, y madre de su hija, salieron de Betulia (Antioquia) a un viaje recreativo junto a más de 50 personas de la vereda en la que este era profesor. Este viaje se realizó para celebrar el fin del año escolar y la llegada de diciembre. El viaje buscaba que los estudiantes de la escuela de la vereda El Tostado disfrutaran de un día de sol en el parque acuático “Los Tamarindos”.
Al terminar su visita a este parque acuático, Elkin Castaño y otros dos profesores de la vereda El Tostado decidieron visitar el Puente de Occidente para que sus estudiantes lo conocieran. Al cruzar el puente, que se encontraba sin mantenimiento, Castaño iba acompañado de su hija, y al pisar una de las tablas en mal estado, cayeron a las aguas del río Cauca. Los cuerpos nunca fueron encontrados.
El Puente de Occidente fue declarado como Monumento Nacional, y por eso pasó a ser un Bien de Interés Cultural en 1978. Desde entonces, el Ministerio de Cultura se convirtió en el responsable del mantenimiento de este puente colgante en madera que conecta los municipios de Santa Fe de Antioquia y Olaya (Antioquia). A pesar de esto, el Ministerio puede delegar este trabajo al departamento o al municipio.
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María Luceny Restrepo, esposa de Castaño, contó en una crónica publicada en el medio universitario De La Urbe que lo último que pudo ver tras la caída de su familia, fue a su esposo tratando de salvar a su hija. La mujer recuerda que le dijeron que no había forma de salvarlos: “Ninguno de los balseros podía navegar el río porque la corriente era demasiado fuerte”. Después de esto, la llevaron a un hotel en Santa Fe de Antioquia, donde el párroco Luis Enrique Tobón le consiguió una pieza para que lograra pasar el shock de esta tragedia.
En 2014, el sacerdote Tobón contactó a María Luceny Restrepo con un abogado para comenzar el proceso de reparación directa contra el municipio de Santa Fe de Antioquia, el municipio de Olaya, el departamento de Antioquia y la Nación, representada por el Ministerio de Cultura. Entre los demandantes también se encuentran varios miembros de la familia de Castaño, dos de ellos murieron antes de conocer el fallo en primera instancia.
Mientras la familia de Castaño esperaba el resultado de esta demanda, la Secretaría de Educación de Antioquia, al llegar el acta de defunción por desaparecimiento, le quitó a Restrepo el sueldo que estaba recibiendo por su esposo. Restrepo debió mudarse a Medellín para estar pendiente del proceso que llegó el 24 de febrero de 2014 al Tribunal Administrativo de Antioquia. Después de declarar su falta de competencia, el proceso fue trasladado a los Juzgados Administrativos de Medellín, que tras una década lograron entregar un fallo contra el Estado.
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Durante este proceso judicial, ninguno de los demandados asumió la responsabilidad por la muerte de Castaño y su hija. Según este fallo condenatorio, el departamento de Antioquia delegó al municipio de Santa Fe de Antioquia para que iniciara la contratación para las obras de mantenimiento de este puente. Para esto, el municipio contrató a la Unión Temporal MAS a través de un contrato de obra pública. Para la ejecución de este contrato, el departamento ordenó el cierre del puente tres meses antes de la tragedia para realizar el mantenimiento. El 28 de octubre de ese año, un mes antes de la muerte de Castaño y su hija, se dieron por finalizadas las obras del contratista.
Así pues, este juzgado condenó, después de que la familia de Castaño esperara más de una década un resultado de la justicia, al departamento de Antioquia a pagarle a su esposa, a sus padres y hermanos por los perjuicios tras la muerte de Castaño. Por este puente aún cruzan carros, motos y personas. Estos, con intención de cruzar el río Cauca o conocer la historia del departamento y este puente que, en su momento, fue el puente colgante más largo de Suramérica y una de las obras de ingeniería más importantes de la región.
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