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Un juez penal impuso una condena individual de más de 31 años de prisión a cuatro soldados por los homicidios de tres civiles a los que reportaron como guerrilleros muertos en combate.
Los militares pertenecían a la fuerza de tarea conjunta del departamento de Sucre y fueron implicados en hechos registrados el 6 de julio de 2007 en el municipio San Benito Abad, en la misma región.
La Fiscalía General explicó en un comunicado que los soldados informaron entonces de la muerte en un combate de tres extorsionistas que llevaban dos armas de fuego y un lanzagranadas artesanal.
Sin embargo, el fiscal de derechos humanos que siguió la investigación estableció que los tres muertos eran civiles que, como tales, eran personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
Los hombres habían sido reclutados bajo engaño para «un supuesto trabajo en una finca algodonera de la región», según concluyó el investigador, que estableció que dos se dedicaban al transporte de pasajeros en bicicletas en la población de Tolú y el otro era ayudante de construcción en Sincelejo.
La Fiscalía añadió que el investigador también «descartó que la muerte de esas personas se hubiera producido durante choque armado».
Los cuatro fueron condenados por «homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, peculado por apropiación, fraude procesal y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público«.
La decisión la adoptó un juez penal del circuito especializado de Sincelejo, que les impuso a cada uno de ellos la pena de 31 años y cuatro meses de prisión.
El caso hace parte de una práctica conocida como «falsos positivos», de muerte de civiles por militares que los reportan como guerrilleros caídos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.
La Fiscalía ha implicado a cerca de 1.500 uniformados en este tipo de casos, de los que ha documentado unos 2.000.
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