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Donaldo Pisciotti Duarte, un conductor de bus de Barranquilla, se convirtió en una de las caras del atentado que la extinta guerrilla de las Farc pretendía perpetrar, en 2002, contra el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, quien llegó a la Presidencia ese mismo año. Pisciotti estuvo 26 días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue la cuarta persona en morir por la detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de la capital del Atlántico. Su familia demandó al Estado y, tras casi veinte años, la justicia les dio la razón: la nación fue condenada por el hecho y el núcleo más cercano de la víctima recibirá una indemnización.
Pisciotti Duarte tenía 35 años el 14 de abril de 2002 cuando, hacia las 3:30 de la tarde, fue alcanzado por la onda explosiva tras pasar por el puente de la carrera 46 con calle 30, en el centro de Barranquilla, mientras conducía un bus de transporte público. El ahora expresidente llegó a la capital del Atlántico por la campaña que, meses más tarde, lo llevaría a la Casa de Nariño. Las extintas Farc le seguían los talones y, una vez la caravana en la que se movilizaba Uribe pasó por el sector del Caño de la Ahuyama, se sintió la explosión. Él y sus acompañantes resultaron ilesos, pero Pisciotti perdió la vida el 10 de mayo del mismo año.
Álvaro Uribe le contó al diario El Tiempo lo que había presenciado: “Veníamos conversando. Estábamos pasando un puentecito. Yo venía adelante y no había ningún obstáculo sobre el lado que yo veía, cuando de pronto sentimos el impacto. A pesar de que el blindaje del vehículo es superior, quedó destruido y se abrió algo la puerta contra la cual yo iba recostado. Sentí tranquilidad cuando vi que los compañeros dentro del vehículo estaban todos bien. Yo solo recibí dos golpecitos. El conductor estaba muy nervioso. Yo le dije: tranquilo, que de aquí salimos”. Con el carro destruido, llegaron a un lugar donde podían estar a salvo y tuvieron que detenerse.
Inicialmente se pensó que se trataba de un bus bomba, pues la explosión ocurrió justo cuando el conductor del candidato presidencial intentó rebasar el autobús que conducía Pisciotti. No obstante, tiempo después se confirmó que el explosivo había sido instalado al margen de la vía y fue accionado de manera remota. Para entonces, Uribe ya era el preferido para suceder al Gobierno de Andrés Pastrana y hablaba a viva voz en contra de la guerrilla de las Farc y de la zona de distensión en el Caguán. Según medios de la época, lo acompañaban el entonces senador Dieb Maloof; Alicia Arango, su entonces secretaria y hoy exministra, y Julio César Aldana, actual director del Invima.
La familia Pisciotti llevó el caso ante la justicia, pues aseguraron que el Ejército, la Policía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) no adoptaron las medidas “reales y eficientes” para salvaguardar la seguridad de Uribe Vélez y las personas del sector. Los seres queridos de Pisciotti les reprocharon a las autoridades que el ataque era “previsible”, pues ya el entonces candidato había sido amenazado y había sufrido atentados previos. Por ejemplo, en la misma ciudad, en noviembre de 2001, fue activado un artefacto explosivo en la autopista circunvalar, aunque no alcanzó a provocar daño alguno; el hecho fue adjudicado al frente 37 de las Farc.
La demanda de la familia Pisciotti llegó al Tribunal Administrativo del Atlántico, que la negó en primera instancia y le dio la razón al Estado. El Ejército, por ejemplo, dijo que se oponía a las pretensiones, porque el hecho fue por obra de un tercero y aseguró que la institución no incurrió en omisión alguna —que era la causal de la demanda—, porque dispuso de recursos humanos y físicos para garantizar la seguridad del entonces candidato presidencial y, en general, de la población de Barranquilla. Además, dijo que el atentado fue perpetrado contra un candidato que, en el momento, no ostentaba la condición de funcionario público.
La Policía, en su defensa, dijo que no conocía de amenazas contra Álvaro Uribe ni del riesgo al que estaba sometida la ciudadanía. Según su respuesta a la demanda, los actos terroristas son “impredecibles e indeterminados” y, en la misma línea del Ejército, dijo que en la época de los hechos Uribe era una persona “común y corriente”. Además, dijo que el daño ocasionado a la familia Pisciotti no debía correr por cuenta del Estado, sino de las extintas Farc. El DAS, por su parte, no contestó la demanda y solo mencionó que, en la época del atentado, no le correspondía velar por el orden público y no tenía funciones de “policía preventiva”.
El Tribunal concluyó: “No se acreditó la falla del servicio de las entidades demandadas (…) por el contrario, se comprobó el despliegue implementado por el Ejército y el desarrollo de las actas de instrucción de la SIJIN para la protección de candidatos presidenciales”. Tras esta negativa, la familia de Pisciotti apeló la decisión en 2012 y el caso llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde, tras casi una década, les dieron la razón. “La Sala revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar declara la responsabilidad del Estado por la muerte de Donaldo Pisciotti Duarte”, dice el fallo, conocido por El Espectador.
La sentencia continúa diciendo que el Consejo de Estado, “encuentra que el perjuicio causado a los demandantes es antijurídico, dada su particularidad y gravedad y es imputable a la Policía, que era una de las autoridades responsables de garantizar la vida e integridad de los habitantes de la ciudad”. El alto tribunal consideró que las pruebas dan cuenta de que el atentado era un evento previsible, debido a que Uribe Vélez había sido víctima de otro atentado en Barranquilla, y por labores de inteligencia, la Policía sabía que se estaba fraguando un atentado de mayor magnitud en su próxima visita a La Arenosa.
Además, el Consejo de Estado reprochó que la Policía estaba capacitada para incrementar las actividades investigativas; que el personal de antiexplosivos debía asegurar las sedes políticas y sus alrededores; que el esquema de seguridad suministró tardíamente una agenda de visita de Uribe, lo que no permitió que se pudieran tomar las medidas de seguridad. Y, como si fuera poco, se cambió la ruta prevista para movilizarse y se tomó el camino más peligroso posible. El argumento central de la sentencia bien podría resumirse en este aparte: “Las autoridades no podían someter a los habitantes de la ciudad al riesgo de sufrir atentados en su vida e integridad personal, permitiendo el desarrollo de una actividad electoral en las condiciones señaladas”.
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