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A 588 meses de cárcel condenó la Corte Suprema de Justicia a dos agentes de la Policía Nacional que integraban un grupo que conformaba pequeñas bandas del crimen, James Calderón y José Arles Patiño, responsables del una masacre donde fueron ultimados cinco jóvenes.
Los agentes de la fuerza pública ihacían parte de una banda dedicada a organizar grupos de menores que se encargaban de adelantar un sinnúmero de actividades delictivas, entre ellas la venta de estupefacientes; los uniformados fueron hallados culpables del delito de delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo y fueron inhabilitados en el ejercicio de funciones públicas durante diez años.
"Los hechos juzgados están indisolublemente ligados a la existencia de una organización criminal que coordinaban algunos agentes de Policía de la Estación Primera de Usaquén, cuyo proceder se dirigía a organizar pequeñas bandas de menores delincuentes para desarrollar distintas acciones delictivas, entre ellas, la comercialización de estupefacientes incautados y uso de armas de fuego", dice la sentencia de primera instancia, retomada por la Sala de Casación Penal.
Los menores Óscar Orlando Zetuaín y Cristian Camilo López, que fueron testigos de los hechos ocurridos en una discoteca denominada "El Rincón de los muchachos", fueron secuestrados, torturados y asesinados, para evitar que identificaran a Carmona, que había sido detenido como sospechoso.
Los adolescentes fueron recogidos en un automóvil en Choachí, Cundinamarca, donde fueron vistos con vida por última vez en la tarde del 20 de agosto del 97; horas más tardes fueron hallados sus cuerpos sin vida y con visibles señas de torturas.
"Los menores habían sido objeto de amenazas previas a raíz de sus testimonios dentro de la investigación que cursaba en la Fiscalía por el homicidio de cinco jóvenes, ocurrido el 26 de abril de 1997 en el barrio San Cristóbal Norte de Bogotá, al parecer por agentes de la Policía de la Estación Primera de Usaquén, crimen del cual fueron testigos", sostuvo la Corporación.
La Sala revocó así la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, que a su vez revisó la sentencia condenatoria que por 50 años emitió el Juzgado 42 Penal del Circuito de Bogotá.