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El Consejo de Estado accedió a la petición presentada por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, que busca acelerar el trámite y fallo definitivo en el proceso de nulidad en contra del acto conocido como de “apoyo a la justicia penal militar”.
Mediante dicho acto suscrito por el Ministro de Defensa Nacional y la Fiscalía General se imparten directrices sobre aspectos procesales relacionados con el manejo de la evidencia probatoria, de la cadena de custodia y el conocimiento inicial de investigaciones.
En este sentido se busca una directriz clara en los eventos en que ocurran delitos de homicidio simple y de homicidio en persona protegida como resultado de las operaciones propias de las Fuerzas Militares que ameriten la inspección técnico-científica de los lugares donde ocurran los hechos.
El acto administrativo cobija al comando general de las Fuerzas Militares, a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y a los directores nacionales y seccionales de fiscalías y del Cuerpo Técnico de Investigación, respecto de aspectos procesales
En su solicitud el jefe del Ministerio Público argumentó que por tratarse de un tema de especial trascendencia social y de evidente importancia jurídica, toda vez que se requiere definir de manera expresa el procedimiento que deben desplegar tanto la fiscalía general de la Nación como el Ministerio de Defensa Nacional.
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