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El Consejo de Estado aceptó la demanda de pérdida de investidura presentada en contra de los senadores que participaron en la votación y elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador General por segundo periodo consecutivo.
En la acción judicial se argumenta que los senadores incurrieron en un conflicto de intereses puesto que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público y no presentaron los impedimentos exigidos.
El tribunal de lo contencioso administrativo consideró que la demanda presentada por el abogado Saúl Villar cumplía con todos los requisitos. Igualmente se solicitó la práctica de pruebas.
En la acción judicial se indicó que los senadores Manuel Guillermo Mora, Musa Besaile Fayad, Carlos Ferro Solanilla, Martín Emilio Morales, Milton Arlex Rodríguez, Efrain Torrado, Claudia Wilches Sarmiento, Aurelio Iragorri Hormaza y Armando Benedetti Villaneda estaban impedidos para votar.
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