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El Consejo de Estado aceptó la demanda en contra de la Nación interpuesta por el expresidente de la Cámara de Representantes, Cesar Pérez Garcíapor los daños causados por el fallo disciplinario que le fue interpuesto en su contra por la Procuraduría General.
En el recurso jurídico, Pérez García, que no logró una conciliación en el Ministerio Público, pide una indemnización por más de 80 millones de pesos por los daños y perjuicios que sufrió por la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años.
La sanción disciplinaria fue impartida en contra de Pérez García al hallarlo responsable de violar el régimen de inhabilidades cuando ejercía como diputado en la Asamblea departamental de Antioquia en el período 2007 – 2011.
El Ministerio Público lo destituyó porque tenía una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, pues en 1994 el Consejo de Estado había decretado su pérdida de investidura como representante a la Cámara.
Con esa decisión se estableció que el congresista no podía aspirar a cargos públicos ya que en su contra existía una sanción disciplinaria.
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