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El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda que busca tumbar el decreto con el cual el Gobierno Nacional ordenó desde octubre del año pasado que documentos de entidades estatales, incluidos los pasaportes colombianos, sean impresos obligatoria y exclusivamente por la Imprenta Nacional. Aunque el Ejecutivo insiste en que esa tarea debe estar en manos de esa entidad y no de empresas extranjeras como Thomas Greg & Sons (en el caso de los pasaportes), la Fundación para el Estado de Derecho sostiene que lo que hizo el decreto 1099 de 2025 fue crear un “monopolio sobre el servicio de impresión de documentos, incluidos los pasaportes, cédula de extranjería, Permiso por Protección Temporal (PPT) y Permiso Especial de Permanencia (PEP) y demás instrumentos migratorios”.
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La demanda de la Fundación ya está siendo estudiada por la Sección Tercera del Consejo de Estado y tiene como ponente al magistrado Fredy Ibarra Martínez, quien debe liderar la revisión de la norma. Ese decreto, dentro de otras cosas, establece “las condiciones en que las entidades públicas del orden nacional en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial deben contratar con la Imprenta Nacional de Colombia los servicios relacionados con la producción, personalización, distribución, impresión, edición, divulgación y comercialización, de documentos oficiales, publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, en su calidad de garante de la seguridad jurídica”. Es decir, que casi toda impresión para el Estado tiene que ser de la Imprenta Nacional.
Dentro de los argumentos que dio la Casa de Nariño a la hora de expedir el decreto en octubre pasado, sostuvo que la nueva medida “garantiza el cumplimiento del mandato legal para fortalecer la soberanía, protección documental, la seguridad digital, la data del Estado, preservar la seguridad jurídica en la producción de documentos oficiales, reproducción de normas y actos oficiales, así como consolidar capacidades institucionales sostenibles”. Asimismo, que concentrar todo en la Imprenta Nacional “busca promover la eficiencia, economía, transparencia y colaboración armónica entre entidades públicas, mediante el aprovechamiento de las capacidades técnicas y operativas” de la entidad.
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Sin embargo, para la Fundación para el Estado de Derecho, con el decreto el Gobierno Nacional habría excedido sus límites y lo que hizo fue crear un monopolio saltándose, además, facultades del Congreso. “Consideramos que el decreto desborda la Ley 109 de 1994, que solo autoriza esa contratación preferente para publicaciones asociadas a la seguridad jurídica –Diario Oficial, Gacetas, normas–, creó de facto un monopolio y ejerció facultades propias del Congreso, que es el único habilitado para regular las modalidades de contratación estatal”, dijo a El Espectador Andrés Caro, directo de la fundación demandante.
La demanda formula que hubo “exceso en la potestad reglamentaria, violación de la reserva de ley en contratación pública, vulneración de los principios de planeación y selección objetiva, violación de la libre competencia y del régimen constitucional de monopolios y afectación a la autonomía de las ramas Judicial y Legislativa”. Asimismo, se señala que el decreto tuvo una “falsa motivación, porque se aduce que en otros casos la Imprenta ha subcontratado sistemáticamente porque carece de infraestructura propia para producir documentos de alta seguridad”, explicó la fundación. Finalmente, que supuestamente hubo una expedición irregular por omisión de trámites obligatorios ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Ministerio de Hacienda y la Función Pública.
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Dentro del documento admitido por el Consejo de Estado se lee que solo el Congreso puede decidir cómo el Estado debe elegir a sus contratistas, por lo que al imponer un proveedor obligatorio, el decreto “introduce de facto una modalidad de contratación directa que carece de respaldo legal”, quitándole a las entidades la posibilidad de buscar mejores precios o calidad en el mercado abierto. Para los demandantes, esa imposición rompe las reglas de transparencia y competencia que deben regir en el país. Asimismo, que el decreto rompería la separación de poderes, ya que obliga, no solo a la rama ejecutiva, sino a “organismos de la rama legislativa y judicial” a contratar con la Imprenta Nacional, que es una entidad que depende del Ministerio del Interior, es decir, del Ejecutivo.
Según la fundación, la medida del Gobierno Nacional frente a las otras dos ramas es una “injerencia en su independencia y autonomía administrativa y presupuestal”, ya que el presidente de la República no puede darle órdenes de cómo gastar su dinero a los jueces o a los congresistas. Además de los posibles problemas de fondo que identificaron los demandantes, señalan que, al parecer, hubo irregularidades a la hora de expedir el decreto. Por ejemplo, se lee en el documento que para crear un nuevo trámite obligatorio el Gobierno debía pedir permiso al Departamento Administrativo de la Función Pública, algo que, aparentemente, no hizo. Según la demanda, tampoco se pidió el concepto de la SIC sobre el impacto en la libre competencia.
La Fundación también señala que el decreto genera daños a nivel económico. Por ejemplo, advierten que el “monopolio” daña a la industria gráfica nacional, porque saca del mercado a empresas privadas que solían competir por estos contratos, por lo cual se pierden empleos y se frena la innovación. Además, manifiestan que “el diseño normativo del Decreto 1099 actúa como un instrumento de concentración y de restricción de acceso”, lo que encarece los servicios para el Estado al no haber competencia que baje los precios.
Por eso, piden al Consejo de Estado que tumbe de tajo el decreto gubernamental o que, por lo menos, tumbe algunos puntos relacionados con la obligación de contratar documentos de identidad, como pasaportes, y los artículos que le dan a la Imprenta el poder de vigilar a las otras entidades y reportarlas a la Procuraduría si no le dan sus contratos. Aunque los demandantes solicitaron una medida cautelar para que se suspendiera provisionalmente el decreto, el Consejo de Estado no la concedió y, por ahora, las medidas siguen marchando, hasta que haya una decisión de fondo.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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