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Para el próximo 16 de octubre la Sección Quinta del Consejo de Estado, citó a audiencia pública a los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte y Pedro Octavio Munar, por presuntas irregularidades en su elección y nombramiento.
Esta decisión se produce por la demanda instaurada por la periodista Cecilia Orozco Tascón, en la que se indica que la elección de Ricaurte como magistrado estuvo rodeada de fallas, por cuanto este fue parte de la Corte Suprema de Justicia y abría participado en la elección de sus posteriores electores, situación que expresamente prohíbe la Constitución.
Ante esto, señala la acción, 15 de los 16 votos que obtuvo el magistrado provenían de magistrados que habían recibido votos favorables por parte de Ricaurte.
En el caso del magistrado Pedro Octavio Munar, se considera que con su elección se vulneró la Constitución Política, que le prohíbe a los servidores públicos nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco o a personas vinculadas con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.
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