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En manos del Consejo de Estado está la decisión sobre la continuidad de Jaime Castro Castro en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El proceso que, hasta ahora, llegó al alto tribunal obedece a una acción de nulidad electoral que presentó el senador del Partido Verde Antonio Sanguino, quien considera que la elección de Castro no es legítima, ya que, según él, para la fecha en que el presidente Iván Duque lo designó en ese cargo, Colombia no estaba adherida en debida forma a la organización.
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En la demanda, que avanza desde 2019, Sanguino sostiene que el nombramiento de Castro como embajador “no se encuentra justificado en relación a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano, dado que el nombramiento realizado no cumple con los requisitos expresados en la ley”. Para el senador, el problema radica en que el presidente Duque y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, designaron a Castro como embajador el 9 de septiembre de 2019, cuando aún no se había ingresado oficialmente a la OCDE.
La petición de Sanguino de que se anulara la elección de Castro como embajador, fue respaldada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 7 de octubre. En esa ocasión, el Tribunal determinó que el nombramiento realizado por el presidente y por el entonces ministro, tuvo falencias, ya que se desconocieron aspectos establecidos en la ley. Asimismo, la corporación judicial respaldó lo manifestado por el senador en cuanto a que Colombia no había hecho aún su adhesión en debida forma a la OCDE, cosa que ocurrió solo hasta el 28 de abril de 2020.
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En sus consideraciones, el Tribunal sostuvo que, al revisar la demanda de nulidad, observó que, tal como lo manifestaba el senador Sanguino, no hay nada que justifique el nombramiento de Castro como embajador. Igualmente, la corporación manifestó que el nombramiento del embajador ante la OCDE no se hizo “cumpliendo los criterios de legalidad, al no exponerse con claridad los motivos ciertos, claros y objetivos de la designación realizada”.
A pesar de los argumentos del Tribunal para anular el nombramiento de Castro como embajador, su defensa y la del Ministerio de Relaciones Exteriores apelaron la decisión, razón por la cual el expediente terminó en el Consejo de Estado desde el 5 de noviembre de este año. En esta corporación, es la magistrada Rocío Araujo Oñate quien debe analizar la decisión tomada en primera instancia.
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Por su parte, el senador Sanguino allegó este 1 de diciembre los alegatos sobre la apelación presentada por Castro. En el documento remitido al Consejo de Estado, sostiene que la decisión tomada por el presidente Duque y por el fallecido ministro Trujillo, desconoce “de forma grosera y flagrantemente las solemnidades dispuestas en el marco constitucional y legal en materia de las obligaciones que se derivan de los tratados y acuerdos internacionales que suscribe el Estado Colombiano”.
Por ahora, la decisión de si Castro continúa como embajador, o si por el contrario se vuelve a respaldar la petición de Sanguino, está en manos de la magistrada Araujo donde apenas el proceso de análisis comienza.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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