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El Consejo de Estado dejó en firme este jueves una condena por 15 mil millones de pesos emitida en contra del Distrito Capital por las fallas registradas en la celebración de un contrato para la administración del relleno sanitario de Doña Juana.
El Alto Tribunal dejó en firme el laudo arbitral en el cual se le ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) pagar dicha cifra a la sociedad Proactiva Doña Juana ESP S.A. la cual era la encargada de la administración, operación y mantenimiento del relleno sanitario ubicado en el sur de Bogotá.
El Consejo de Estado rechazó las pretensiones de la acción jurídica, la cual pretendía que se revisaran los montos de la sanción interpuesta por parte del tribunal de arbitramento que emitió el fallo.
La sección tercera del tribunal de lo contencioso administrativo declaró infundado el recurso presentado por Proactiva para que se anulará y se adicionará en dicho laudo los efectos económicos de la liquidación del contrato celebrado, lo cual consideraban que no se había resuelto en el fallo.
La Sala explicó que el tribunal de arbitramento se declaró inhibido en ese asunto porque no era competente para pronunciarse sobre dichos efectos, puesto que analizarlos implicaba el estudio de la resolución mediante la cual la UAESP liquidó unilateralmente el contrato, lo cual solo es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Por tal razón, la nulidad del laudo no es procedente porque existió un pronunciamiento razonado por parte del tribunal de arbitramento, en este caso, la inhibición sustentada en la falta de competencia.
El laudo sobre el cual se pedía la nulidad declaró que Proactiva tenía derecho al reconocimiento, entre otros valores, de: más de 9.500 millones de pesos por concepto de descuento de licitación; más de 1.800 millones de pesos, por intereses de ese valor; más de 1.600 millones de pesos porque la UAESP obligó a Proactiva a recibir basuras provenientes de municipios diferentes a los pactados; 102 millones de pesos por concepto de la fumigación en barrios aledaños, entre otros, para un total de más de 15.647 millones de pesos.
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