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El Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda presentada por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado en contra de los numerales V y VI del Acto Político que le da un “blindaje jurídico” a los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc en el proceso de paz que se adelantó en La Habana (Cuba).
En la acción judicial se manifiesta que dichos numerales le dan efectos internacionales al acuerdo final suscrito entre las dos partes sin someterlo a la voluntad popular. Debido a esto pide que se respete la voluntad de los ciudadanos quienes deberán manifestar en las urnas si están o no de acuerdo con lo firmado.
El alto tribunal no aceptó la petición para suspender los numerales demandados del Acto Político. El Procurador General aseguró que con estas acciones se desconoce lo contenido en la sentencia C-739 de 2016 por medio de la cual la Corte Constitucional avaló el plebiscito como el mecanismo que refrendará el acuerdo final.
Para Ordóñez Maldonado lo anunciado por Gobierno y las Farc en el Comunicado Conjunto No. 069 del 12 de mayo de 2016 son “dos misiones sometidas a la condición inevitable de que el Acuerdo Final ya firmado por los equipos negociadores de las partes, sea finalmente suscrito por el país mediante el plebiscito por la paz”.
Debido a esto considera que el Gobierno debe abstenerse de depositar en la sede de los Convenios de Ginebra el Acuerdo Final y hacer una declaración unilateral ante las Naciones Unidas pretendiendo la acogida y vigencia internacional del mismo, sin que el pueblo lo haya aprobado mediante el plebiscito anunciado para el 2 de octubre por medio de un decreto.
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