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La Sección Segunda del Consejo de Estado estudiará la demanda presentada por la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona en contra del fallo de la Procuraduría General que la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos por el denominado ‘carrusel de la contratación’.
En la demanda la exfuncionaria pide que se anule la sanción disciplinaria al considerar que se le vulneró el derecho al debido proceso en el desarrollo de la investigación disciplinaria que se le adelantó por omitir sus funciones de control y vigilancia en el marco de la ejecución de una serie de contratos para la tercera fase de TransMilenio entre el 2007 y 2008.
Igualmente consideran que se les debe pagar una indemnización por los daños materiales y morales que sufrieron por esta sanción disciplinaria. En este sentido argumentan que el Ministerio Público no tenía la potestad ni facultad para investigar las fallas contractuales.
Además manifestó que se presentó una irregularidad en el análisis de los elementos materiales probatorios que fueron presentados durante el juicio disciplinario, en el cual se consideró que habían incurrido en una falla gravísima a titulo de dolo.
Igualmente presentaron demanda en contra de esta decisión la exdirectora técnica de construcciones del IDU, Carmen Elena Lopera –quien recibió una sanción por 16 años- y el exsubdirector de ejecución técnica del mismo Instituto, Aldemar Cortes Salinas.
Actualmente Pardo Gaona enfrenta un proceso penal por su presunta participación en tres delitos por supuestamente entregar multimillonarios contratos viales a cambio de comisiones por parte de un grupo de contratistas.
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