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La Sección Segunda del Consejo de Estado le pidió al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte que ejerzan controles de las gestiones dirigidas a depurar la información a nivel nacional sobre los registros de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con el proceso de chatarrización para modernizar el parque automotor de este tipo de vehículos.
Este pronunciamiento se hizo al confirmar una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concedió una acción popular a unos particulares que denunciaron un supuesto detrimento patrimonial a las arcas oficiales por procedimientos ilegales como la chatarrización ficticia de vehículos o la expedición de certificados falsos, encontrándose que un mismo vehículo aparecía varias veces chatarrizado.
El alto tribunal hizo un llamado de atención tras encontrar evidencias acciones encaminadas a evadir el cumplimiento de las políticas de modernización del parque automotor de carga del país. Estas acciones tendrán implicaciones no solo en el medio ambiente sino en la seguridad y salubridad pública, afectando así los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
“La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; y la seguridad y salubridad públicas”, señala el fallo.
En la decisión se manifiesta la obligación que tienen los servidores públicos y los particulares que administran recursos del Estado o los que cumplen funciones públicas, de ejercer la actividad administrativa conforme al ordenamiento jurídico, motivados solo por razones del servicio, la protección de los usuarios y la defensa de los intereses estatales.
“La moralidad administrativa propende por el actuar ético del Estado y sus funcionarios durante el ejercicio de las actividades a él encomendadas, las cuales deben ser adelantadas conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico con miras a satisfacer el interés general”, indica la sentencia
El Ministerio de Transporte también deberá llevar un control de pago de las cauciones que se impongan por incumplir con la chatarrización de los vehículos y revisar que el dinero ingrese a las arcas del Estado, además de ordenar las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, si se encuentran registros contrarios a las disposiciones legales.
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