Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Consejo de Estado, una de las tres altas cortes del país, atraviesa uno de sus momentos más tensos, tanto de puertas para adentro, como para afuera. El alto tribunal está ad portas de tomar una decisión que marcaría un punto de quiebre sobre el poder que tiene la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular como alcaldes, gobernadores, concejales, ediles o congresistas. Sin embargo, la decisión que se espera hace más de un año transita en una corporación que, por ahora, se mueve entre divisiones internas, secretos y polémica política y judicial por una reciente consulta que mencionó el fuero presidencial de Gustavo Petro.
Podría interesarle: “Seré el procurador, no el sepulturero de la Procuraduría”: Gregorio Eljach
El Espectador conoció que la ponencia con la que se unificarían las distintas posturas que hay sobre el poder del Ministerio Público para sancionar a funcionarios de elección popular ya está lista desde hace algunas semanas, pero que se ha venido manejando en el mayor secreto por miedo a filtraciones que han incomodado a varios consejeros. El encargado de liderar la discusión, y quien es el arquitecto de la más reciente ponencia, es el vicepresidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien ha manejado el expediente bajo mayor reserva posible y solo ha compartido el proyecto de decisión en sobre cerrado.
Lo que ha hecho el togado Álvarez Parra, según le confirmaron fuentes cercanas a la Sala Plena a este diario, es mantener casi completamente hermético el proceso para que el esqueleto de la posible decisión no pase de mano en mano dentro de la corporación, sino que sea solamente conocido por la Sala Plena. Esto, dicen, más que todo para evitarse que lluevan comentarios que pueden incidir en presiones innecesarias para sus debates y decisiones. Algo similar ya ha ocurrido, señalan distintas fuentes al interior del alto tribunal, con mensajes del propio presidente Gustavo Petro, que se ha declarado víctima de “golpes blandos” por decisiones del alto tribunal.
Le recomendamos: Gregorio Eljach: los retos de un procurador con entrañas políticas
Sin embargo, lo que ha conocido este diario sobre la decisión es que hay división en las secciones del Consejo de Estado sobre si se debe mantener las facultades de sanción que tiene la Procuraduría o si, por el contrario, deben eliminarse, como lo ha buscado el propio jefe de Estado. Fuentes dentro del alto tribunal y cercanas a la discusión le aseguraron a El Espectador que la principal diferencia existe entre la Sección Segunda y la Sección Tercera de esta corte. Esta última es la que más apoyos vendría recolectando para que, a la hora de decidir, la mayoría de consejeros se aparten de su postura y voten a favor de dejar los poderes de la Procuraduría tal y como están.
Quienes conocen del tema al interior del alto tribunal señala que la Sección Segunda estaría buscando quitarle atribuciones al Ministerio Público para que sea el propio Consejo de Estado la autoridad para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, luego de verificar la investigación que sí podría realizar la Procuraduría. De hecho, los consejeros de esta sección estarían teniendo como referencia el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia. En esa decisión, la autoridad internacional señaló que el Ministerio Público no tiene la competencia para destituir de un cargo e inhabilitar a funcionarios de elección popular.
Lea también: Admiten demanda que podría cambiar el futuro del expediente de la campaña Petro
De hecho, en la Sección Segunda, es donde han salido decisiones que irían por la misma línea de lo que ya afirmó la Corte Interamericana, como la que anuló la destitución del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, impuesta en 2010 por la Procuraduría. Fuentes consultadas por El Espectador aseguran que los consejeros de esta sección son partidarios de que el fallo del caso Petro sea adaptado para todos los casos de funcionarios de elección popular en el país y, de esta manera, que el alto tribunal pueda ratificar esas sanciones o tumbarlas. Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Plena estarían apoyando la idea opuesta, en contra de lo que ya dijo la Corte Interamericana y de lo que ha pedido el propio gobierno.
Inicialmente, la Sección Tercera es la que más se estaría mostrando como partidaria de que el fallo de la internacional solo es válido para el caso en particular del presidente Petro, quien fue destituido por el exprocurador Alejandro Ordóñez cuando era alcalde de Bogotá. En el resto de decisiones que tome el Ministerio Público para sancionar funcionarios de elección popular, según estaría argumentando esa sección, deben tenerse en cuenta las normas nacionales y sentencias de la Corte Constitucional que en más de una ocasión han reiterado que la Procuraduría sí puede sancionar disciplinariamente a, por ejemplo, alcaldes.
Conozca más: Dos años de Petro: la relación del presidente con el poder judicial
A esta postura se estarían sumando las demás secciones del Consejo de Estado que ya han socializado la ponencia de Álvarez Parra. Aunque el ponente ha tratado de manejar el tema bajo el mayor sigilo, los ojos están puestos en su proyecto de fallo y en la discusión que tendrá la Sala Plena durante las próximas semanas. No solo está en juego uno de los poderes más importantes de la Procuraduría, sino que este debate jurídico también está atravesado por uno ajeno al mundo del derecho, pues el presidente Petro ha sido el abanderado del bando que busca eliminar las atribuciones del Ministerio Público que ya una vez lo sacaron del terreno político.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
Conoce más