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El Consejo de Estado puso fin al drama que durante varios años han vivido los habitantes de 107 barrios de Cúcuta, Norte de Santander, para contar de manera permanente con el suministro de agua potable, luego de que ordenara a la administración municipal y a la Empresa de Acueducto ejecutar las obras que garanticen el servicio ininterrumpido para la comunidad en un máximo de seis meses.
La máxima Corporación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de cesar el racionamiento de agua que por años han vivido los vecinos de esta zona, que hasta hoy sólo tienen disponibilidad de hacerse al preciado líquido durante un día a la semana.
Ante la dificultad para proveer de potencia energética la estructura funcional del acueducto suficientemente, la empresa encargada de ofrecer el servicio suspendía el servicio en determinadas zonas durante seis días, para garantizar el consumo en todos los barrios en cuestión durante 24 horas a la semana.
Aún así, los usuarios estaban obligados a cancelar la tarifa básica de consumo, pese a que la Ley valida ese cobro única y exclusivamente cuando se trata de un suministro ininterrurmpido, y de ahí la inviabilidad de exigir el pago en este caso, sostuvo el defensor de los demandantes, el abogado Herman Garrido.
"La Ley contempla una sanción a las empresas que suministran de forma racionada el servicio y se conoce como falla en la prestación del servicio, que ordena cobrar solamente el consumo, luego los cargos básicos que se les haya cobrado tendrán que devolverse a los usuarios de estos 107 barrios que, yo creería, es un poco más de la mitad del municipio", precisó.
Será cuestión de trámite el que los usuarios empiecen a recuperar los excedentes que terminaron cancelando, al verse avocados a pagar una tarifa básica que no era propia del tipo de servicio que estaban recibiendo, indicó Garrido.
En la sentencia, el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Cúcuta y a la empresa encargada del servicio que en menos de dos meses diseñen un plan tendiente a corregir las falencias infraestructurales que han llevado a las autoridades a imponer el racionamiento.
Según la alta corporación, en un máximo de seis meses se debe dar solución definitiva al problema del que son víctima estas comunidades que habitan las comunas Tres, Cuatro, Seis, Siete y Ocho de Cúcuta, más de la mitad del municipio, indicó el abogado Herman Garrido.
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