Consejo de Estado se pronunció

La Sala de Consulta del Consejo de Estado, célula encargada de dirimir conflictos de competencia, emitió un concepto según el cual, la Contraloría General de la República sería el ente encargado de adelantar procesos de responsabilidad fiscal contra los aforados. La decisión fue emitida ayer luego de que la Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura desautorizara la función que ejercía la contralora, Sandra Morelli, en el proceso que se lleva a cabo contra magistrados de éste mismo tribunal por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de las pensiones’.

Morelli manifestó que ahora espera que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a donde había sido trasladado el proceso por orden de los conjueces, devuelva los expedientes lo más pronto posible. Sin embargo, reconoció que hoy hay dos altos tribunales con lecturas diferentes sobre quién tiene competencia para investigar fiscalmente a los aforados. “Existen dos determinaciones tomadas pero una llega a una conclusión a través de una deducción, mientras el Consejo de Estado determina las competencias según el texto de la Constitución y la ley”, afirmó la Contralora.

El pronunciamiento del Consejo de Estado se da luego de que el Gobierno a través del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le solicitara un concepto para determinar quién era el juez competente en procesos fiscales contra magistrados de las altas Cortes. La providencia rechaza el fallo de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, según el cual el órgano encargado de investigar a los aforados es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Según la decisión del Consejo de Estado «la Contraloría General de la República es competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura doctores José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez, Henry Villarraga Oliveros y Pedro Alfonso Sanabria Buitrago, por el presunto detrimento patrimonial que se podría haber causado al Estado con ocasión del nombramiento de magistrados auxiliares en los despachos de que son titulares».

Y concluye el documento: «La autoridad competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura corresponde, de manera exclusiva y excluyente, por mandato constitucional, a la Contraloría General de la República».

El debate judicial empezó cuando Morelli inició un juicio fiscal contra 23 magistrados -auxiliares y titulares- por un posible detrimento patrimonial de cerca de $13 mil millones, por sospechosos nombramientos que al parecer habrían beneficiado a 70 empleados de la Rama Judicial.

El jurisconsulto, Carlos Gaviria Díaz, quien fue presidente de la Corte Constitucional, sostuvo que la determinación del Consejo de Estado es de obligatorio cumplimiento, ya que los juicios emitidos por la sala de consulta del Consejo de Estado son vinculantes. “La sala de consulta procede con autoridad, es obligatoria y vinculantes porque así lo dispone el ordenamiento jurídico ya que a la sala de consulta le confiere la facultad de resolver los conflictos de competencia”, señaló el exmagistrado.

Con esta decisión, se resuelve parcialmente el problema jurídico que se había desatado por la investigación fiscal contra magistrados, a quienes la misma Contralora Morelli les había decretado un embargo de sus bienes hasta que no hubiera claridad en el proceso. Por ahora, la contralora ganó una batalla pero está lejos de ganar la guerra, pues contra la funcionaria ya cursa una demanda de nulidad de su elección por, supuestamente, no acreditar la experiencia pública suficiente. Un pulso poderoso entre Morelli y los magistrados que todavía no deja claridad sobre quien saldrá victorioso. Lo claro es que hoy la Contralora tomó la ventaja.