Consejo de Estado solicitó a la Fiscalía investigar a las Farc por desplazamiento forzado

Este pronunciamiento se hizo tras condenar a la Nación por el ingreso de los guerrilleros a los predios y el hurto de enseres en diciembre de 1999. El demandante manifestó que recibió amenazas constantes para que se cancelara la denominada “vacuna”. Por tal motivo, se vio obligado a abandonar sus tierras.

Pese a que en el debate jurídico no se logró establecer el número exacto de las cabezas de ganado perdidas y de los bienes muebles, la Sala encontró que con la puesta en marcha de la llamada “zona de despeje” se configuró un daño al demandante que se concretó en la imposibilidad de continuar ejerciendo su derecho de posesión sobre los predios ubicados en el municipio de Mesetas (Meta), debido a las amenazas por parte de las Farc.

“La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generado… un daño antijurídico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado”, indica la sentencia.

Agrega el fallo que, teniendo en cuenta que en Colombia existe un conflicto armado, es deber de las partes respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, dentro de los que se encuentran los principios de distinción y de protección (llamado también de humanidad o inmunidad) en atención a los cuales se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la población civil.

Finalmente, la Sala le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de un informe especial relativo a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se hubieran podido cometer con ocasión de la zona de distensión y se efectúen, por parte de ese organismo, las recomendaciones y se ordenen las medidas a las cuales haya lugar.