Consejo de Estado también le apunta a la doble instancia para congresistas

Los principios en los que está basada nuestra justicia permiten que los ciudadanos que tengan líos con la justicia puedan impugnar los fallos que le sean desfavorables e insistir en el intento, a través del recurso extraordinario de casación. Los congresistas y otros altos dignatarios del Estado no gozan de esa oportunidad, pues la Constitución los cobija con un tipo de fuero que, si bien exige que sean juzgados únicamente por los máximos tribunales de la justicia, les impide impugnar esos veredictos, toda vez que las disposiciones constitucionales impone que solo pueden ser procesados en única instancia.

Eso significa que este tipo de servidores solo pueden ser juzgados penalmente por la Corte Suprema de Justicia y disciplinariamente por el procurador general de la Nación o el Consejo de Estado (tratándose de pérdidas de investidura), pero en única instancia. Es decir que cualquiera de los fallos que se produzca en el curso de ese tipo de actuaciones es irrefutable.

Desde hace años, los congresistas acudieron a diferentes estrategias para conquistar ese inasible tesoro con el que sí contaban los demás ciudadanos para ser juzgados en doble instancia. Al principio lo lograron renunciando a su fuero constitucional, pero cuando las propias cortes cerraron esa puerta, se la jugaron con proyectos de reforma constitucional. Al final, ninguna de esas intrincadas maromas les sirvió -y la fallida reforma judicial del 2012, que garantizaba la doble instancia en todos estos procesos, es un tristemente célebre testimonio del tan estruendoso fracaso.

Pero lo que parecía una utopía para los parlamentarios, empezó a ser una posibilidad latente, luego de que un fallo de la Corte Constitucional ordenó efectuar los cambios institucionales que fueran necesarios para que todo aquel que fuese condenado en procesos de doble o única instancia pudiese apelar el fallo. De ahí el salvavidas para los congresistas, que encontrarían un primer principio jurisprudencial a nivel nacional para alegar su derecho a la doble instancia.

Fue ese primer impulso de la máxima instancia constitucional el que llevó a la Corte Suprema a presentar el proyecto que busca que los aforados puedan ser investigados por la Fiscalía y juzgados en primera instancia por los tribunales superiores, en segunda por una sala especial de la Corte Suprema y en casación por otro grupo de magistrados de esa alta corte.

(Lea aquí: La doble instancia que propone la Corte Suprema)

Semejante espaldarazo de la Corte Suprema ahora parece extenderse hacia el Consejo de Estado, que ya está trabajando en la construcción de un proyecto de acto legislativo que permita que los congresistas también puedan apelar los fallos de pérdida de investidura.

Fuentes consultadas por El Espectador indican que la intención de ese tribunal es que ese tipo de acciones sean conocidas en primera instancia por alguna de las secciones de la corporación o las salas especiales que ya operan en la Sala Plena. Las impugnaciones podrían ser presentadas ante la misma Sala Plena, sin perjuicio de que esa misma instancia pueda conocer recursos de revisión contra esas sentencias.

En la práctica, de prosperar esa iniciativa, los fallos de pérdida de investidura que en un primer momento sean emitidos ya no supondrían la automática pérdida de oportunidad para que los congresistas puedan volver a aspirar a cargos de elección popular, como ocurre en la actualidad. Si la tesis que ahora impulsa el Consejo de Estado para que sea discutida en el Congreso prospera, esas decisiones podrán ser apeladas, lo que implica que  esta acción, que por la severidad con la que opera, ha sido denominada como la ‘muerte política’ pueda contar en el futuro con su propio mecanismo de ‘resurrección’.