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El Consejo de Estado frenó en seco el decreto con el que el presidente Gustavo Petro busca convocar su consulta popular. La Sección Quinta del alto tribunal aceptó uno de los 141 recursos presentados en contra de la orden del jefe de Estado y accedió a una de sus principales peticiones: suspender el avance del decreto hasta que no se tome una decisión de fondo sobre su legalidad. Esta medida provisional fue pedida por 12 congresistas, entre ellos, una de las voces más fuertes de la oposición, el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Para ellos, el mandatario busca pasar sobre la Constitución al convocar la consulta, a pesar de haber sido negada por el Senado el pasado 14 de mayo.
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La demanda que dio paso a la suspensión del decreto aterrizó en el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas, quien tendrá que preparar una ponencia para que sea discutida por toda la Sección Quinta. En ese recurso, Cepeda y los otros 11 congresistas del Partido Conservador, Cambio Radical y Colombia Justas Libres, le pidieron al Consejo de Estado que anule el decreto 0639 de 2025, con el que el presidente Petro convocó a la consulta popular. Según ellos, la polémica votación en la plenaria del Senado con la que se hundió la convocatoria a consulta —con 49 votos por el no y 47 por el sí— es válida, así el primer mandatario diga lo contrario.
Dentro de los argumentos de la Sección Quinta del Consejo de Estado para suspender temporalmente el decreto está que fue expedido, precisamente, sin ese concepto favorable del Senado, un requisito que exige la Constitución. Además, que por tratarse de un asunto de interés nacional, era urgente frenar la estrategia del gobierno. Sin embargo, es justamente ese el argumento base del gobierno para haber hecho el llamado decretazo: que la votación en la que la cámara alta rechazó su consulta fue inconstitucional. El nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en entrevista con El Espectador aseguró que el presidente Petro no solo estaba en el derecho de convocar por decreto, sino que estaba en la obligación de hacerlo.
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Aunque el ministro, que fue uno de los juristas detrás del decreto, considera que no hay nada de ilegal en esa manera de convocar a la consulta, su hipótesis ha sido ampliamente debatida, principalmente porque el presidente no puede decidir qué es constitucional y qué no. En teoría, esa es tarea de un juez. En medio de ese fuego cruzado entre la Casa de Nariño y el Congreso quedó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien debía acatar la orden del jefe de Estado. Sin embargo, para curarse en salud en medio de la polémica sobre la legalidad del decreto, se refugió en el poder judicial para que sea la justicia la que defina esta polémica.
Penagos, en entrevista con este diario, aseguró que, aunque el presidente Petro amenazó con acciones legales por desobedecer su mandato, está tranquilo porque “no es correcto comprometer $750.000 millones (lo que costaría la consulta popular) en una controversia muy grande”. Aseguró también que “cuando existen posiciones jurídicas entre dos ramas del poder público, en este caso el Congreso y el Gobierno, lo correcto es dejar que las decisiones las tomen las altas cortes. Simplemente, lo que estoy planteando es que, si somos responsables, esperemos a que, de las múltiples demandas que hay en trámite en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional, se resuelva alguna”.
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Quienes están inconformes con la decisión del alto tribunal de suspender el decreto, son los miembros del Ejecutivo. Por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que el Consejo de Estado no es el llamado a revisar la validez del decreto. Según él, y también el ministro Montealegre, la Corte Constitucional es la única que tiene voz para definir el futuro de la orden presidencial. “Nosotros remitimos el decreto a la Corte. Luego es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no, pero no es el Consejo de Estado. Pero esa es una pelea jurídica que poco interesa”, dijo Benedetti. No obstante, la ley sí faculta al Consejo de Estado a revisar decretos.
El presidente Petro también respondió a la decisión de suspender el decretazo. “Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad (a su decreto), ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad (sic), solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional”, escribió en X. Falta ver cómo ese alto tribunal va a revisar ese decreto, pues la ley estipula que puede hacerlo, luego de realizada la consulta. No obstante, podría hacerlo antes, si argumenta una competencia atípica, es decir, si logra explicar por qué es tan importante resolver la legalidad de esa convocatoria antes de que se realice.
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Por ahora, el decreto quedó en suspenso. Aun así, desde la Casa de Nariño no descartan anular su decretazo si en el Congreso sale favorable la resucitada reforma laboral. Según el Ejecutivo, los ojos están puestos en la conciliación de textos que hagan la Cámara y el Senado sobre la iniciativa, donde esperan que se concilien los puntos claves que pide el gobierno dentro de su consulta popular. En otras palabras, si no hay una jugadita en esa conciliación que cambie las bases de lo que quiere el Palacio de Nariño, el decretazo terminará en una estrategia política que forzó al Congreso a revivir y a aprobar la reforma laboral. Y, en últimas, en un desgaste del sistema judicial que ya no tendría para qué pronunciarse.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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