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En el Senado todos están con calculadora en mano haciendo cuentas de los votos que necesitan para que la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro pase o se hunda. La razón, más allá de las habituales alianzas políticas entre congresistas, es por la cascada de decisiones judiciales que han sacudido a la Rama Legislativa por estos días y movieron fichas opositoras y oficialistas. En el fondo hay una votación clave en la que se juega el gobierno una segunda oportunidad para que la archivada reforma laboral vea la luz. Además, un proceso en el Consejo de Estado que busca quitarle la investidura a varios congresistas del Pacto Histórico podría darle un giro radical al futuro de la consulta.
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El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Alberto Álvarez Parra, citó para las 10:00 a.m. de este miércoles a una audiencia pública a 28 congresistas del Pacto Histórico. Se trata de un proceso que camina en el alto tribunal desde noviembre del año pasado, en el que un ciudadano señala que los legisladores, supuestamente, violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Es decir, que ocuparon una curul estando impedidos para hacerlo. El magistrado Álvarez Parra, ponente del caso, escuchará al abogado Alberto Miguel Restrepo, quien presentó la demanda, y a los políticos, dentro de los cuales resaltan algunos cercanos al presidente como María José Pizarro, Álex Flórez y María Fernanda Carrascal, entre otros.
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Aunque no habrá una decisión en el Consejo de Estado este miércoles, en el Senado sí habría la votación para definir el futuro de la consulta popular. Sin embargo, fuentes cercanas al Congreso no descartan que la agenda cambie y la votación se postergue otro día, teniendo en cuenta que una decisión del Consejo de Estado podría mover la balanza y complicarle al gobierno la puesta en marcha de su propuesta. En todo caso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, está haciendo todo lo posible para evacuar esa jornada mañana. No obstante, el panorama para los representantes a la Cámara involucrados en el expediente, que son 19, es otra. Para ellos, sí podría pesar un fallo en su contra cuando llegue su turno de votar.
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Además de los escenarios que puedan dejar una decisión del Consejo de Estado, hay otras cuentas enredadas en el Legislativo en una votación en la que cada voto cuenta. Por ejemplo, había duda sobre si se iban a tener en cuenta las curules de los recientemente capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia, Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal), investigados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo que fuentes cercanas a las directivas en el Congreso le dijeron a este diario es que, aunque esas dos curules están en suspenso, no se les puede aplicar aún la figura de la silla vacía.
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Es decir, por ahora, ni los partidos pierden esas curules ni podrán reemplazar a los parlamentarios capturados. Con la captura de Name, la oposición supo que había perdido su voto en contra de la consulta popular. Sin embargo, otra decisión del alto tribunal le permitió hacer una movida para recuperar ese apoyo: la libertad del senador Ciro Ramírez Cortés, que recuperó el pasado 2 de mayo, luego de estar en La Picota casi un año y medio por su presunta participación en un caso de corrupción que habría desfalcado las cuentas de varias gobernaciones y alcaldías en Caldas y Quindío. A Ramírez, su partido, el Centro Democrático, nunca le quitó el aval, por lo que buscó —y logró— regresar al Congreso.
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En otras palabras, la oposición perdió el voto de Name, pero ganó el de Ramírez. La jugada que permitió su regreso, aunque cuestionada para algunos sectores del oficialismo, no es ilegal. Incluso, marcó una ruta que pueden comenzar a andar otros legisladores que —pese a los líos judiciales que enfrentan— no tienen un cerrojo en la puerta de regreso al Capitolio cuando no han sido condenados. Y eso suma o resta en los cálculos del gobierno y oposición. Al margen de las cuentas, este miércoles el Senado tiene que resolver otro asunto que abrió el mismo Consejo de Estado y que causó revuelo, pues, de nuevo, la justicia “tocó” posiciones de poder dentro de la Rama Legislativa.
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Se trata de la orden del alto tribunal que, el pasado 8 de mayo, de tumbar el nombramiento de John Jairo Roldán Avendaño (Partido Liberal) como primer vicepresidente del Senado, y el de Josué Alirio Barrera Rodríguez (Centro Democrático) como segundo vicepresidente. Una decisión judicial que determinó que ambos violaron normas para garantizar la participación de las minorías políticas y la equidad de género. Antes de votar la consulta, la plenaria tendría que decidir quiénes serán los reemplazos de quienes tendrán un lugar en la mesa directiva de la cámara alta. No obstante, en el Senado todo puede pasar y el orden del día puede cambiar hasta último minuto.
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Por ahora, las cartas parecen estar jugadas para la primera prueba de fuego que tendrá la consulta popular y que definirá si la propuesta sigue en pie o muere sin haber dado su primer respiro. Desde la perspectiva del gobierno, insisten en que lo mejor para el país es que la consulta se apruebe. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, la propuesta “es la forma de que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales, de que se le tenga un trabajo digno, de que se que tenga un trabajo decente, de que eso remunere”. A pesar del optimismo, el Ejecutivo sabe que solo le quedan cinco semanas para ajustar sus planes, pues ese es el tiempo de trabajo que le queda al Congreso esta legislatura. El tiempo apremia.
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