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Contralora le pidió a la Fiscalía que la investigue por seguimientos ilegales

La solicitud de Sandra Morelli tiene como propósito establecer si el órgano de control, de manera ilegal, ha hecho o no seguimientos o interceptaciones ilegales.

14 de febrero de 2013 – 05:52 p. m.

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La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, envió este jueves una misiva al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y otra a la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda en las que solicita que la investiguen para establecer si ella ha hecho interceptaciones o seguimientos ilegales.

“De la manera más atenta solicito a su despacho o a quien corresponda, que en forma inmediata proceda a adelantar las diligencias a que haya lugar para establecer si este organismos de control viene realizando seguimientos ilegales o interceptaciones ilegales a cualquier persona, incluyendo la doctora Cecilia Orozco y al jurista Ramiro Bejarano, o a las personas que ellos han indicado en innumerables escritos acusatorios que disfrazan bajo la forma de derecho de petición y cuya copia adjunto, a más de los escritos de prensa que aparecen bajo la forma de columna de opinión en el diario El Espectador”, señala la solicitud enviada.

Y agrega: “La diligencia de cara a recaudar el material probatorio, le ruego, sea a la mayor brevedad posible y comprensa mi casa de residencia y todos aquellos lugares, desde donde se habrían cometido los delitos que se me indilgan. De la misma manera, valdría la pena que se hagan los allanamientos y demás diligencias que la Fiscalía considere conducentes para establecer con toda certeza, lo que hace la Contraloría General de la República, así como sus funcionarios”.

Así mismo, la funcionaria hace referencia a “intromisiones ilegales” en diferentes procesos.

Morelli señaló además que algunos exfuncionarios que en algún momento tuvieron relación con los referidos procesos han hecho uso indebido de información privilegiada contra personas determinadas, y advierte que esos casos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía a través de las correspondientes denuncias.

El 13 de abril de 2011, en desarrollo de la indagación preliminar que entonces desarrollaba la Contraloría por el escándalo de Saludcoop, la entidad dispuso averiguar si los nombres de 57 personas o empresas aparecían en los computadores de la EPS.

Esa petición al Laboratorio de Informática Forense del organismo de control, conocida por El Espectador, generó revuelo entre quienes fueron agregados a esa lista, y se discute si fue una decisión excesiva o necesaria para aclarar los pormenores de este accidentado expediente. 

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