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Los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez propusieron un acuerdo a la Fiscalía General de la Nación para contar su verdad del ‘carrusel de contratación’ en Bogotá.
Los dos reconocidos empresarios, relacionados en el escándalo, están dispuestos a dar información clave dentro del proceso jurídico.
Tapia y Gómez, junto a Inocencio Meléndez, exasesor jurídico del IDU, serían los testigos claves dentro de los procesos que lleva el ente investigador.
Los abogados pidieron este lunes también el aplazamiento de la diligencia donde les imputarían cargos, a la espera de conocer qué decisión tiene la Fiscalía frente a su petición.
La decisión de contar la verdad y apoyar a la justicia se da justo hoy cuando la Fiscalía General de la Nación se alistaba para pedir la medida de aseguramiento contra los empresarios Julio Gómez y Emilio Tapia por haber sido intermediarios entre la Administración Distrital y el Grupo Nule en el desarrollo de obras públicas en la capital de la república.
El ente acusador investigó los contratos 071 y 072 de malla vial en donde los empresarios tuvieron participación. El organismo de control penal considera que los excontratistas pudieron haber actuado irregularmente frente a la celebración de estos convenios.
Según la Fiscalía, los indiciados habrían tenido algún tipo de vinculación en la fase III de Transmilenio.
Así mismo, investigan la injerencia que tuvo Emilio Tapia en la campaña electoral de Samuel Moreno. De acuerdo a las investigaciones, el empresario habría entregado 5.000 millones de pesos.
Los delitos por los que se les acusa son concierto para delinquir, falsedad en documento público, interés indebido de contratos.