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Ante la juez 37 de conocimiento, el coronel (r) Hugo Hernán Castellanos no aceptó los tres delitos que le imputó la Fiscalía en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc, registrada en marzo de 2006.
El militar retirado, se declaró inocente ante la pregunta de la juez, quien le señaló que con esta decisión afrontará un proceso judicial por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.
Durante la imputación de cargos, el fiscal anticorrupción, Francisco Villareal aseguró que el coronel fue el “enlace” entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Luis C. Restrepo, y el Ejército Nacional para el transporte en vehículos militares de las armas desde la ciudad de Santa Marta hacia Bogotá, y luego al municipio de Alvarado, donde se encontraban los falsos guerrilleros.
Y es que según la Fiscalía, dichas armas fueron adquiridas con el dinero que entregó el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, quien habría pactado su no extradición con Restrepo, a cambio de apoyo para la consecución de armas y uniformes para los falsos desmovilizados.
“El coronel Castellanos participó en una empresa criminal”, señaló el fiscal del caso cuestionando el hecho de que el militar no verificó la existencia de la compañía guerrillera, así como no haber “reconocido su voluntad de desmovilizarse”.
Para la Fiscalía, resulta reprochable que el coronel, dada su condición de servidor público y con una alta posición en la jerarquía militar, “defraudó la confianza puesta en su actuar por parte de la sociedad y prefirió sucumbir ante los execrables propósitos que la empresa criminal se había trazado, los cuales contaban como políticos, jurídicos y patrimoniales”.
Y es que con esta actuación, para la Fiscalía, se permitió que “los miembros de la espuria compañía recibieran beneficios de carácter económico y jurídico, los primeros a través de sumas de dinero desembolsadas por el Estado en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior y de Justicia y posteriormente en cabeza de la Alta Consejería para la Reintegración Social y económica de la Presidencia, quienes consignaban los dineros en las cuentas personales de los beneficiarios”.
La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento intramural contra Castellanos al considerar que es un peligro para la sociedad.
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