‘Coroneles participaron manipulación de escena del crimen en caso grafiero’

El ente investigador consideró que existen pruebas documentales y principalmente para inferir que los dos oficiales, que para la época de los hechos fungían como subdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá y comandante de la Estación de Suba, conocían y participaron activamente en la ubicación predeterminada de un arma de fuego en el lugar.

En este sentido se señaló además que presionaron a un grupo de uniformados para que callaran la verdad y siguieran un libreto que tenía como finalidad mostrar a Diego Felipe Becerra Lizarazo como el líder de una banda dedicada al asalto de buses de servicio público en la localidad de Suba.

Para ello se consiguió y ubicó el arma, con el fin de desviar la investigación y acusar al joven de 16 años de tener nexos con la delincuencia común y además haber atacado al patrullero Wilmer Antonio Alarcón después de recibir el llamado de auxilio por parte de un conductor de un bus de servicio público y su esposa.

En el escrito de acusación de 63 páginas en contra de los dos oficiales –quienes se encuentran privados de la libertad- se establece que los procesados tuvieron conocimiento de la situación pocos minutos después de que el patrullero Alarcón le informara a sus superiores.

Desde el CAI de la Alhambra, a pocas cuadras del lugar que ya había sido demarcado por las autoridades, se obtuvo el arma que de manera sigilosa, y bajo la asesoría del abogado Héctor Ruiz, se ubicó cerca de un andén, esto con la finalidad de crear la historia de que el joven había participado con tres compañeros más en el asalto a un bus de servicio público.

Basándose en los testimonios de los testigos de la zona, así como en los informes y declaraciones de los agentes del CTI de la Fiscalía General y los primeros respondientes, el ente determinó que muchas pruebas fueron alteradas después de un grupo de agentes de la Policía Metropolitana cercasen el lugar.

“(…) una vez les entrega la misma aproximadamente cinco horas después de ocurridos los hechos, sobre las 03:30 a.m. del día 20 de agosto de 2011, que esta fue alterada al colocarse, plantarse o sembrarse en la zona acordonada y donde cayera el menor al ser impactado por el proyectil de arma de fuego, un arma de fuego, clase pistola, de color cromado calibre 22 largo, marca Sterling”, precisa uno de los apartes del escrito de la acusación presentado ante el juzgado.

En este proceso el ente investigador solicitará que se tengan en cuenta 58 testigos, entre los que se destacan investigadores, familiares de la víctima y los policías que participaron en los hechos, entre los cuales se encuentran varios de los procesados penalmente. Además se cuentan con 54 pruebas documentales.

“Se pactó guardar silencio o mención alguna sobre los oficiales de grado superior que hicieron presencian en el lugar de los hechos y en especial no se podía mencionar al J2, el señor coronel José Javier Vivas Báez evidenciándose que todos los policías quehicieron presencia en la escena sabía qué se iba a hacer, que no era otra cosa que favorecer el actuar del patrullero Wilmer Antonio Alarcón”.

Los coroneles son procesados por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravada, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal agravada, favorecimiento al homicidio.

Mientras que Nubia Mahecha, esposa del conductor del bus quien presentó la denuncia por hurto en contra de Becerra Lizarazo, es procesada por falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento en homicidio. En su caso se indica que faltó a la verdad con sus declaraciones ante la justicia, buscando así afectar la imagen del joven de 16 años y desviar la investigación.