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El capítulo inicial del expediente del cartel de la toga fueron las grabaciones que Alejandro Lyons hizo de manera encubierta para la DEA, entre mayo y junio de 2017, al entonces fiscal anticorrupción Gustavo Moreno y a su socio, el abogado Leonardo Pinilla en Miami (Estados Unidos). En esas conversaciones a Lyons le exigieron $400 millones para que le frenaran varios procesos penales que tenía en la justicia colombiana, por el desangre a las finanzas de Córdoba mientras fue gobernador. Luego, fue Moreno quien reveló nombres de la supuesta red de corrupción que funcionaba en la Corte Suprema para torcer procesos contra grandes políticos y en la que eran partícipes magistrados del alto tribunal. (El golazo de Alejandro Lyons con los dineros de Córdoba)
Sin embargo, el punto de partida de este escándalo de corrupción, hasta ahora inédito y que conoció El Espectador, fue a inicios de mayo de 2017, cuando el empresario Jesús Henao y el subdirector de la oficina de Regalías de la administración Lyons, Maximiliano García Bazanta, empezaron a contarle a la Fiscalía sobre el mecanismo que se fraguó en la alta administración regional para robarse millonarias sumas del erario. A esas reuniones asistieron tres importantes funcionarios del ente investigador, dicen cuatro fuentes cercanas a ese proceso: Gustavo Moreno, Aída Moreno —fiscal de la unidad anticorrupción— y Jaime Camacho, entonces fiscal delegado ante la Corte.
A raíz de esa información entregada por Henao y García, en diciembre de 2019, un juez aprobó el principio de oportunidad que la Fiscalía pactó con estas dos fichas claves de la corrupción en Córdoba durante la administración de Lyons. Con esos datos que entregaron desde comienzos de 2017, Moreno y su socio Pinilla le pidieron el millonario pago para frenar los procesos en la Corte Suprema contra el exgobernador, quien había salido del país en abril de ese año, cuando supo que la justicia le pisaba los talones. En una de las conversaciones interceptadas para la DEA, en mayo y junio de 2017, se escucha a Pinilla diciéndole a Lyons que hay que desacreditar “a este par de muchachos que están hablando maricadas”. (Cartel de la toga: Leonidas Bustos dice que Musa Besaile miente “descaradamente”)
Este diario conoció ese principio de oportunidad, que tardó casi tres años en concretarse, y en el que Henao y García se comprometen a hablar sobre los contratos 750 y 755, firmados en 2013 por la Gobernación, que hacen parte de los que el ente investigador tiene bajo la lupa desde 2017. El primero, celebrado entre el departamento, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia George Dahl por $2.996 millones. El segundo fue suscrito entre la Gobernación, la misma institución educativa y la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal, por un valor de $8.078 millones. Los dos hablarán de cerca de 57 personas que hicieron parte de estos hechos.
Ese pacto entre Henao y García con la Fiscalía, según el mismo documento, ha rendido frutos en investigaciones que avanzan en otros despachos del ente investigador sobre la corrupción en el departamento, como las que lleva la propia fiscal Ceballos (quien tiene fama en el búnker de ser implacable) y las que tiene a cargo la fiscal delegada Claudia Vanegas. Henao también declaró sobre hechos de corrupción de un exgobernador del Magdalena. Sobre la primera funcionaria, quien era subordinada de Moreno, fue mencionada por este y Pinilla en los audios de la DEA. “¿Esa vieja es jodida, Tavo? Pero depende de ti,” dice Pinilla. A lo que Moreno replica: “Sí, pero es jodida”. (Cartel de la toga: un proceso bastante movido en 2020)
Coletazos en el caso Zapa En medio de esta extensa colaboración (que estuvo por caerse), a inicios de 2018, Henao comenzó a hablar sobre otro proceso que se cruza con la corrupción en Córdoba y por el que está a punto de ser llamado a juicio: la desaparición de Jairo Zapa, director de Regalías de Córdoba y jefe de García Bazanta, perpetrada hace casi seis años. El empresario cordobés le contó a la Fiscalía que Lyons habría sido uno de los determinadores del asesinato de Zapa. Tres fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el fiscal del caso, Carlos Alberto Pión, compulsó copias al despacho de Claudia Vanegas para que constate lo dicho por Henao.
Comprobar que, supuestamente, Lyons ordenó la muerte de Zapa, según coinciden dos fuentes consultadas del caso, será difícil. Henao sería el único testigo y no habría terceros que corroboren que Lyons dio la orden de acabar con la vida del director de Regalías, quien apareció asesinado en un terreno colindante con la finca del padre del exgobernador Lyons. Otro camino que tiene el ente investigador es ver con qué personas se comunicaron el empresario y el exgobernador desde sus celulares los días previos y posteriores a la desaparición forzada del funcionario cordobés, quien se presume también hacía parte del esquema de corrupción que desangró a Córdoba. (Defensa de la familia de Jairo Zapa pide celeridad a la justicia)
El abogado de la familia Zapa, Juan Felipe Amaya, le dijo a este diario que existe una íntima relación entre el asesinato y el papel que desempeñaba en la Gobernación. “Estamos convencidos de que el crimen no termina en Jesús Henao y Joyce Hernández (el exparamilitar confeso autor material del crimen), hay más intereses arriba”, le dijo Amaya a este diario. Un punto que resaltan desde la Fiscalía es la constancia que dejó Hernández, en octubre pasado, cuando le fue aprobado el preacuerdo en el que fue condenado a 23 años de prisión. Durante la audiencia señaló que su familia fue amenazada de muerte por involucrar el homicidio con “temas políticos”.
El inicio del juicio por la desaparición de Zapa se frustró el pasado 3 de marzo, cuando el abogado de Zuan López, esposa de Joyce Hernández, renunciara como su defensor. Se espera que en abril, después de seis años del crimen, el juicio inicie. Por su parte, Lyons aún se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido, mientras que el exfiscal Moreno está preso en ese país tras ser condenado por recibir el soborno de Lyons. Desde su prisión viene declarando en el juicio del magistrado suspendido Gustavo Malo y esta semana se aprestaba a declarar en el proceso contra Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema. Sin embargo, ante las dificultades que generó la contingencia del coronavirus, la audiencia fue suspendida.
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