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Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), respectivamente, aseguran tener todas las pruebas para hacer caer a pesos pesados de la política nacional dentro del escándalo de presunta corrupción al interior de la entidad. Esta semana, sumaron otro importante nombre a la lista de señalados como beneficiados por dineros que serían el resultado de desangrar el erario: Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Será el próximo martes 28 de mayo, cuando, por fin, López y Pinilla hablen directamente con la Fiscalía para entregar las pruebas.
Las declaraciones públicas que han hecho los dos exdirectivos de la Unidad han incluido desde congresistas hasta las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro al interior de la Casa de Nariño. Tanto López como Pinilla aseguran que, aunque cometieron actos de corrupción, simplemente seguían órdenes que venían desde más arriba, y que si van a caer, no caerán solos. Los hermanos Luis Gustavo y José Moreno, abogados de Pinilla y López, aseguran que sus clientes cuentan con los chats, correos y documentos que darían cuenta de las reuniones y pactos corruptos que se llevaron a cabo desde la Ungrd con políticos para, en algunos casos, buscar favorecimientos a iniciativas del gobierno en el Congreso.
Sin embargo, hasta ahora, ninguna de esas pruebas se ha conocido realmente. Se va a cumplir un mes desde que Sneyder Pinilla dijo públicamente que detrás del negocio con el que se compraron 40 carrotanques, aparentemente con sobrecostos, para llevar agua a La Guajira estarían congresistas, ministros y funcionarios de la Ungrd. Específicamente, los listados por el exsubdirector de la Unidad fueron el presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas; al propio Olmedo López Martínez: el exsubdirector de la Unidad, Víctor Andrés Meza; el también exsubdirector Luis Carlos Barreto Gantiva; la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz; y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Tras dar a conocer esos nombres, Pinilla y López aseguraron ser víctimas de amenazas de muerte, al igual que sus familias. Para colaborar, le exigieron al ente investigador que les otorgara esquemas de protección y que se evaluara el riesgo que pueden tener ellos y sus allegados por cuenta del escándalo. La Fiscalía cumplió con esa condición hace más de tres semanas y, por ahora, solo se sabe que hace 15 días ambos llegaron al búnker de la Fiscalía en Bogotá para tener los primeros acercamientos en busca de beneficios judiciales. Pero, el que más persiguen es un principio de oportunidad que les dé la inmunidad total en el caso de corrupción.
Los hermanos Moreno, abogados de los dos exdirectivos, se han mostrado recelosos con las pruebas que aseguran tener sus clientes. A pesar de que cada semana sus clientes han salido públicamente a dar a conocer más nombres de presuntos involucrados en la corrupción al interior de la Ungrd, manifiestan que las pruebas documentales, que en este momento respaldarían los señalamientos, no se harán públicas, sino hasta que logren tranzar un muy benéfico acuerdo con el ente investigador. De hecho, fuentes cercanas a la defensa de Pinilla y López manifestaron que, en caso de que la Fiscalía no le dé el valor que consideran a las pruebas que presenten, llevarán todo el material directamente a la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, quienes conocen de cerca la estrategia de defensa de los hermanos Moreno, manifiestan están en el proceso de extraer los supuestos chats entre Olmedo López y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, los que darían cuenta de que la versión del exdirector de la Ungrd es cierta. Por su parte, una fuente al interior de la Fiscalía le dijo a este diario que el motivo por el cual se demoró más de 15 días la citación a López y Pinilla después de haber entregado la información, fue que se estaba evaluando “qué es de utilidad y en qué escenario podría funcionar alguna negociación judicial”.
Aunque la concentración de los exdirectivos de la Ungrd está puesta en este momento en el ente investigador, sus declaraciones hicieron que otras entidades judiciales se movieran para desenmarañar el escándalo. Por ejemplo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el despacho del magistrado Francisco Farfán, ya han adelantado citaciones a los señalados dentro del escándalo, como Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Se tiene previsto que el viernes de la próxima semana declare ante el alto tribunal el ministro Velasco, y que en las dos primeras semanas de junio lo hagan también Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd; y la exconsejera Sandra Ortiz.
Por ahora, solo queda esperar que la próxima semana se conozca si las pruebas aportadas al ente investigador por parte de López y Pinilla tienen el peso suficiente para sostener el escándalo. Mientras tanto, el representante Wadith Manzur pidió ser investigado por la Corte Suprema y quedará en manos del magistrado Héctor Javier Alarcón, quien decidió abrir una indagación previa, tal como la que tienen encima los congresistas Name y Calle.
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