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La falta de atención oportuna y la carencia de medicamentos para atender a un preso que sufría problemas en su dentadura motivaron a la Corte Constitucional a hacer un nuevo llamado de atención por la continua vulneración de los derechos a la salud que sufren día a día la población carcelaria en el país. (Ver Procuraduría pide acciones para evitar «tratos inhumanos y degradantes» a los presos)
El recluso no tuvo acceso a medicamentos para calmar el dolor ni recibió atención por parte de un odontólogo. Hecho por el cual tuvo que presentar una acción de tutela para que se le reconocieran sus derechos fundamentales, situación que refleja –para la Corte- la grave situación de las personas privadas de su libertad.
El alto tribunal considera que hasta el momento el estado de emergencia carcelaria declarado por el Gobierno no ha solucionado todas las problemáticas que existen en los centros carcelarios y penitenciarios. Uno de los principales, y más graves, es la falta de acceso a un servicio de salud óptimo.
Considera que no se puede restringir a las personas que se encuentran privadas de su libertad recibir una atención cuando lo necesiten, así como pasa con las personas que no han perdido este beneficio. “El hecho de contar con un servicio de salud insuficiente en las cárceles es una violación palpable de los derechos fundamentales”.
Este tipo de situaciones comunes ponen en entredicho la labor de los órganos estatales para resolver la grave crisis que se presentó, en parte, por la omisión de las funciones constitucionales de proteger la integridad de las personas que entran a las cárceles y las cuales, según la ley, son de su estricto cuidado y protección.
“Existe una grave violación del derecho a la salud, al no brindar a las personas presas el acceso a los servicios de salud que se requieren. Pero existe una violación aún más básica y grave, al privar a las personas del grado de salud y de bienestar con el cual entraron a prisión”, precisa el fallo de la Corte al tutelar los derechos del recluso.
En la decisión judicial advierte que no existe personal médico en las cárceles o centros penitenciarios, situación que pone en riesgo la vida e integridad física de los reclusos. Esto teniendo en cuenta los riesgos que representa el hacinamiento registrado en todas las cárceles del país.
En el estudio del caso en cuestión la Corte Constitucional advierte que ya en repetidas oportunidades ha hecho un llamado de atención por la falta de médicos, enfermeros y psicólogos dentro de los centros carcelarios y penitenciarios. (Ver Crisis de salud, otro tumor para el sistema carcelario)
Resalta que en esas condiciones son más propicios las enfermedades, también por las reiteradas fallas de higiene y salubridad, y los riesgos para la vida por los roces que se pueden presentar entre los reclusos obligan a que exista una atención médica adecuada. (Ver En las cárceles de Bogotá «hay que pagar por todo»)
El alto tribunal considera que existen muchas falencias cuando se habla de la población carcelaria en Colombia. Entre los principales problemas se encuentran “las demoras desmesuradas en la atención, la falta de personal médico en el interior de los centros de reclusión, y las fallas administrativas”.
Finalmente, la Corte hace un llamado para que se tomen cartas en el asunto para resolver las graves condiciones de salud en las cárceles, eso sí, sin incurrir en la habitual burocracia y los trámites administrativos que fijan obstáculos cuando se quiere solucionar este tipo de problemáticas.