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La Comisión de la Verdad (CEV) tiene los días contados. Al organismo creado tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc, que busca el esclarecimiento de los patrones y causas del conflicto armado, le restan un poco más de tres meses para culminar su labor. Con este precedente, cursa una demanda en la Corte Constitucional, en el despacho del magistrado Jorge Ibáñez, en la que se pide que el funcionamiento de la entidad se postergue, pues su misión se vio afectada por la pandemia generada por el COVID-19.
“La Comisión de la Verdad es un bálsamo para las víctimas”, expuso Gloria Ramírez, una de las demandantes, quien en diálogo con El Espectador mencionó que la entidad necesita tiempo y se le debe dar, porque ha sido un espacio oportuno en la generación de momentos de reparación y reconciliación. Es importante conocer esa verdad que por años le ha arrebatado el conflicto a la sociedad. La mujer que fue desplazada por la violencia, en el documento que llevó a la Corte en compañía de Édgar Bermúdez, solicita que su tiempo de funcionamiento sea prorrogado durante un año, pese a que en el Acuerdo y posterior revisión constitucional se determinó su vigencia de tres años.
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Ramírez dijo que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del que hace parte la Comisión ha sido el aliciente para perdonar hechos atroces que los exmiembros de las Farc perpetraron contra varias comunidades del territorio nacional. La mujer, que es representante legal de Asovida, tiene documentados cientos de hechos violentos que, a su juicio, deben ser sanados y reparados, generando espacios entre agresores y agredidos, como ya ocurrió hace más de dos años. Con ese antecedente, consideró que el funcionamiento de la Comisión, que se vio truncado por la pandemia, se debe postergar.
“Con ocasión de la pandemia de COVID-19, la CEV ha encontrado obstáculos para desarrollar cabalmente sus funciones, lo que produce una violación de la obligación de implementar de buena fe lo pactado en el Acuerdo Final de Paz contenida en el Acto Legislativo 02 de 2017 y el derecho de las víctimas a la verdad”, escribió Ramírez en el documento en el que pide a la Corte la exequibilidad condicionada de los artículos 1 y 24 del Decreto 588 del 2017. Esta petición no es ajena al padre Francisco De Roux, principal autoridad de la Comisión de la Verdad, quien allegó un documento al alto tribunal en el que apoya los argumentos.
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En un concepto de cuarenta páginas, De Roux señaló que la Comisión ha operado 32 meses y le queda un período formal de menos de cinco. De los 32 meses, casi 17 —es decir, más de la mitad— han transcurrido en condiciones de pandemia. “A pesar de la adopción de medidas para sobrellevar la nueva realidad, la pandemia generó un retraso en el cumplimiento del mandato de la Comisión que a estas alturas tiene consecuencias irreversibles, pues ha privado a la entidad de contar efectivamente con su período de tres años”, dice el informe y añade que, en cualquier caso, la Comisión requiere siete meses adicionales para culminar adecuadamente su labor.
Aunque no solo las víctimas sino la misma Comisión claman por un poco más de tiempo para que su misión culmine, la negativa del Gobierno actual también reposa en el despacho del magistrado Ibáñez. El documento de 45 páginas del Ejecutivo, conocido por este diario, pone sobre la mesa dos precedentes: el primero relacionado con la potestad que tiene la Corte de revisar nuevamente la norma demandada, y el segundo, la situación generada por la pandemia. Inicialmente, el concepto señala que los artículos demandados ya fueron objeto de revisión constitucional y se les dio aval, de ahí que se considere que el expediente debe hacer tránsito a cosa juzgada.
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A juicio del Gobierno, la facultad para modificar el tiempo de vigencia de la Comisión es exclusivamente del poder Legislativo. En el documento reconoce que la nueva normalidad generada por el COVID-19 ha obligado a la mayoría de las entidades públicas y privadas a asumir la virtualidad para su funcionamiento habitual, pero pregunta “por qué no se propuso oportunamente al Congreso la posible modificación del período de la CEV, ni se ventiló públicamente esa posibilidad, proponiéndose a cambio ahora un nuevo juicio de constitucionalidad”.
Pese a la negativa del Gobierno, otro de los conceptos es de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que señaló que la potestad sobre la prórroga está en poder del Legislativo y que, en caso de que la Corte acceda, deberá revisar el lapso en el que la Comisión estuvo bajo el efecto de la pandemia y le generó afectación. “Preservar ese plazo es desproporcionado, ya que, en aras de asegurar el mantenimiento del Decreto, y de no intervenir mínimamente el principio democrático, impediría realizar plenamente los fines constitucionales de la CEV”.
Pese a que los argumentos ya están en el alto tribunal, los comisionados trabajan a contrarreloj para cumplir el objetivo de la Comisión. Aunque están expectantes, no pueden dejar de lado que deben entregar resultados en noviembre próximo.
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