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Este 20 de julio, en plena celebración del Día de la Independencia en varias ciudades del país, en el corregimiento de Bayunca, a 15 kilómetros de Cartagena (Bolívar), se llevó a cabo una reunión que podría definir el futuro de uno de los proyectos aeroportuarios más ambiciosos de Colombia en la última década. Una orden de la Corte Constitucional llevó a que empresarios, que buscan invertir más de $12 billones en la construcción de la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena de Indias, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se sentaran en la misma mesa que la comunidad del Cabildo Indígena Menor Zenú de Bayunca Caizeba, compuesta, en su gran mayoría, por víctimas de desplazamiento forzado.
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La razón del encuentro fue una orden del alto tribunal de mayo de este año, en la que amparó los derechos de la comunidad indígena que habían sido ignorados por las empresas privadas, la ANI y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) del Ministerio del Interior. En esa decisión, el alto tribunal encontró que, mientras que el proyecto avanzaba a toda máquina y estaba cada vez más cerca de obtener los permisos para poner el primer ladrillo, la comunidad indígena que está asentada en la zona no había sido consultada correctamente. Según el expediente, ni siquiera conocían la iniciativa que podría afectar sus vías, costumbres y actividades económicas.
El proyecto Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena de Indias se presentó en 2017 con bombos y platillos. No es para menos, pues promete competir codo a codo con El Dorado de Bogotá, catalogado como el mejor de Suramérica y el más grande de todo el país. La propuesta es tan ambiciosa que incluso tiene el guiño del presidente Gustavo Petro, quien en diciembre del año pasado aseguró públicamente que el terminal aéreo será una realidad. En esa apuesta están metidos dos privados: Odinsa Aeropuertos S.A.S. y Conecta Caribe S.A.S., quienes invertirían los más de $12 billones. Además, serían los encargados de diseñar, construir, administrar y operar el aeropuerto.
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La ciudadela sería de tan alto calado que, según la información que ha publicado la Agencia Nacional de Infraestructura sobre la propuesta, tendría una extensión de 864 hectáreas —174 más que El Dorado—, y contaría con “16 puentes de abordaje y 25 posiciones de parqueo para aviones comerciales y 22 para aviación general”. En diciembre del año pasado, la ANI anunció que ya había seleccionado a cinco empresas para que, por $5.025 millones, hicieran la evaluación de la viabilidad del proyecto que, dentro de otras cosas, espera movilizar hasta 17 millones de pasajeros anuales. Sin embargo, para que esos cálculos sean una realidad, todavía falta camino por recorrer y un proceso con la comunidad que, por un error del Estado, apenas ahora se está corrigiendo.
Para que la reunión tuviera lugar, la comunidad batalló por años en estrados judiciales, tratando de que los empresarios y el propio Estado voltearan a verlos y les explicaran el proyecto. El cabildo indígena poco y nada conocía de la ambiciosa iniciativa que afectaría su vida en el territorio que ocupan desde 1985, cuando llegaron desplazados por grupos armados desde Sucre y Córdoba. Según datos del Ministerio del Interior, hoy la comunidad está compuesta por 303 personas agrupadas en 82 familias. En 2022 presentaron una tutela para que se respetaran sus derechos a la consulta previa, el debido proceso, la participación, la igualdad y la identidad étnica, pero ninguna instancia judicial les dio la razón. Primero, en junio de 2024, el Juzgado Segundo Penal de Cartagena les negó el amparo.
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Según la decisión de primera instancia, la comunidad no estaba reconocida como grupo étnico, pues no aparecía registrada ante el Ministerio del Interior. Además, no demostró que hubiera una posible “afectación directa” con la construcción del proyecto. La decisión fue confirmada un mes después por el Tribunal Superior de Cartagena, que agregó que no había prueba de que la construcción interfiriera con lugares de interés cultural. En noviembre del año pasado, el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional y el panorama para los indígenas asentados en Bayunca empezó a cambiar. Lo primero que hizo el alto tribunal fue reconocer que, como lo habían dicho los demandantes, la ciudadela sí se extendía hasta su corregimiento, pasando por los municipios de Santa Rosa y Turbaco (Bolívar).
Además, la Sala de Tutela que estudió el caso encontró que el cabildo ya se había registrado ante el Ministerio del Interior en enero de 2024, por lo que no había razón para no adelantar una consulta previa en esa comunidad y explicarles de qué se trataba el proyecto. Por eso, La Corte aseguró que la ANI y las empresas privadas “vulneraron el derecho a la participación de la comunidad indígena accionante, al no garantizar espacios de participación y de acceso a información”. Sobre todo, reiteraron los magistrados Diana Fajardo, Vladimir Fernández y Juan Carlos Cortés, porque el Estado sí sabía de la presencia de la comunidad indígena, además de “sus dinámicas sociales, culturales y económicas en zonas que hacen parte del área de influencia del proyecto aeroportuario”.
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La Corte, además, le jaló las orejas al Ministerio del Interior directamente porque “vulneró los derechos al debido proceso, la participación y la consulta previa del cabildo accionante” y, además, “incurrió en irregularidades durante el trámite de evaluación de procedencia de consulta previa, porque usó como único sustento la información obtenida de una visita de verificación al territorio, realizada respecto de un proyecto de infraestructura vial distinto a la Ciudadela Aeroportuaria”. Por eso, dentro de otras cosas, el alto tribunal le ordenó a la ANI y a las empresas privadas que socialicen el proyecto nuevamente, pero esta vez, con el enfoque étnico y con todas las características de la construcción.
La reunión del domingo pasado, según conoció este diario con fuentes estatales y de las empresas, fue solamente informativa. Los privados y la ANI presentaron ante la comunidad todas las características del megaproyecto, como lo ordenó la Corte, y también hablaron sobre los impactos ambientales y sociales, así como del área de influencia del proyecto. Además, por orden del alto tribunal, ahora el proceso con el cabildo tendrá acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría. Con toda esa información, el Ministerio del Interior definirá, en la segunda semana de agosto, si definitivamente es necesario realizar una consulta previa, como requisito para que la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena de Indias avance y sea una realidad.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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