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Una consulta hecha a la Corte Constitucional por la congresista Katherine Miranda causó confusión dentro y fuera del alto tribunal. La representante a la Cámara de la Alianza Verde consultó sobre si el gobierno puede volver a presentar la misma consulta popular que se hundió hace unos días en el Congreso. Aunque obtuvo una respuesta, la Corte salió a habar públicamente y dijo que esa respuesta no tenía mayor valor.
Las posturas de la Corte Constitucional sobre cualquier tema, dice el comunicado emitido por el alto tribunal, solamente se hace a través «de Autos y Sentencias proferidas por las Salas de Revisión y la Sala Plena de la Corporación». Es decir, la respuesta que obtuvo Miranda por parte de la Relatoría y que señalaba que no se podía “convocar la consulta (popular) sin concepto afirmativo del Senado”, no es una respuesta oficial.
“La Relatoría de la Corte no tiene a su cargo responder consultas u opiniones y mucho menos adoptar decisiones de ninguna naturaleza”, reza en el comunicado. En ese sentido, dice el alto tribunal, “la respuesta emitida por una servidora judicial de la Relatoría de la Corte a una petición relacionada con la convocatoria de una consulta popular —en la cual, además de remitir providencias sobre la materia, expresó una opinión sobre las mismas— constituyó una extralimitación de sus funciones que no compromete la posición oficial de la Corporación».
Ante los hechos, la Corte Constitucional determinó que hará una revisión interna “y pondrá en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes” contra la funcionaria.
Todo esto, porque el pasado 27 de mayo, Miranda publicó en redes sociales la respuesta que le entregó la Relatoría. “La Corte Constitucional me ha confirmado que, tras el hundimiento de la consulta, el Gobierno no puede insistir en las mismas preguntas ni, mucho menos, imponerlas por decreto de forma dictatorial“, dijo la representante a la Cámara. Ahora se sabe que no es así.
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