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La Corte Constitucional ordenó incluir en los listados de afectados por la ola invernal a 51 familias atlanticenses que se dedican a la agricultura y que, durante más de dos años, reclamaron su derecho a ser objeto de las ayudas que viene brindando el Gobierno Nacional a los afectados.
La Corporación conminó a las autoridades para que una parte de los 20.000 millones de pesos asignados para atender estas calamidades sean destinados en la implementación de programas de construcción de canales de drenaje, con el fin de acondicionar las tierras para la actividad agrícola.
Según los afectados, la sedimentación, la maleza y las deficiencias en las operaciones de las máquinas de bombeo disponibles en la región los llevaron a recurrir a un endeudamiento excesivo con las entidades bancarias y de crédito, debido a la baja productividad causada por estas problemáticas.
Tras la decisión del Juez Constitucional, el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Atlántico deberán apersonarse de la inclusión de los tutelantes en las listas de beneficiarios de los planes de ayuda de los que disponen las instituciones actualmente.
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