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La Corte Constitucional ordenó el pago inmediato de las ayudas humanitarias a los afectados por el desbordamiento del río Tunjuelito en Bogotá, en el marco de la ola invernal registrada en el año 2011.
El alto tribunal determinó que la Unidad Nacional del Riesgo y Desastre debe girar los recursos que fueron ordenados por el Gobierno y que estaban destinados a las personas afectadas por la ola invernal en las localidades de Kennedy y Bosa.
Al revisar la acción judicial instaurada se pudo establecer que fueron censados por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae) y sus nombres ingresaron a una base de datos como damnificados de las lluvias registradas a finales de diciembre de 2011, por lo cual deben recibir estas ayudas.
En este caso, la Corporación considera que estas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, puesto que por las lluvias perdieron sus casas y demás bienes. Señaló el alto Tribunal que es necesario entregar el beneficio para que puedan reconstruir sus hogares.
“En aras de proteger el derecho a la vivienda digna y a la igualdad de los accionantes esta Sala de Revisión ordenará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a cancelar las ayudas humanitarias a que tienen derecho los accionantes por ser damnificados directos de la segunda temporada de lluvias 2011 y encontrarse inscritos dentro del censo de damnificados de la localidad de Bosa, Bogotá, que realizó el Fopae”, precisa uno de los apartes del fallo.
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