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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar fue elegido como presidente por la Sala Plena de la Corte Constitucional para llevar las riendas del alto tribunal en 2025. En entrevista con El Espectador, habló sobre el supuesto uso de Pegasus para interceptar sus comunicaciones, los retos que le esperan en la presidencia, los grandes casos del gobierno Petro que tendrá que decidir la Corte y la salida de cuatro magistrados este año, entre otros temas.
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El año pasado usted denunció supuestas interceptaciones a sus comunicaciones y a las de su equipo, posiblemente con el software Pegasus, ¿en qué va ese caso?
Lo que hicimos fue poner en conocimiento del señor presidente de la Corte Constitucional en su momento ese esa situación. Él puso en conocimiento a la fiscal general y ella entendió que en ese documento que yo había presentado había una noticia criminal que le permitió iniciar una investigación. Ya fui llamado con mis auxiliares a informar a la Fiscalía exactamente qué había ocurrido, qué probablemente había incidido en el manejo de esas comunicaciones.
También el presidente de la República, con base en informes que recibió de sus equipos de trabajo, concluyó que probablemente se había adquirido el instrumento que yo indiqué en mi comunicación. Según tengo entendido, a partir de ahí se empezaron a acumular pruebas en la investigación que lleva la Fiscalía. Yo deseo que eso avance y culmine para que tengamos todos una adecuada información de qué fue lo que sucedió. En el entre tanto, yo simplemente tengo que seguir cumpliendo mis funciones sin temor de ninguna naturaleza, con plena autonomía, imparcialidad, objetividad y haciendo lo que me toca hacer como funcionario público.
Usted fue vicepresidente el año pasado y estuvo al tanto de los temas más importantes de la Corte. ¿Qué quedó pendiente para priorizar?
Hay unos temas, como normas del Estatuto Tributario, del Plan Nacional de Desarrollo que están pendientes de revisión, y también de la agenda legislativa del gobierno y otras leyes que se han demandado ordinariamente ante la Corte Constitucional. Pero también hay unos temas en los que la opinión pública requiere que se tomen unas decisiones de manera pronta y oportuna y demandan la mayor atención, como sucede, por ejemplo, con la ley de pensiones, en donde estamos trabajando. Ya estamos radicando esta semana un proyecto de decisión para adoptar la determinación que corresponda, en un término breve, en un asunto de interés nacional que requiere una respuesta rápida. Otro tema urgente, porque así lo establece la Constitución y la ley estatutaria de los estados de excepción, es la revisión del decreto declarativo del estado de conmoción interior en el Catatumbo y de los decretos de medidas.
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¿Cómo va eso?
En este caso, lo que la Corte revisa es si efectivamente se dan los supuestos fácticos y al mismo tiempo cumplen con los estándares que están previstos en el ordenamiento jurídico. Esa es la evaluación que estamos haciendo. La magistrada ponente del caso del decreto de la declaración, la magistrada Paola Meneses, ya decretó una serie de pruebas que se están recaudando. Con base en eso, ella elaborará la ponencia que luego entre todos discutiremos para adoptar, en Sala Plena, la decisión que corresponde.
¿Cuándo habrá decisión?
Más o menos a mediados de marzo. Ojalá la podamos tomar antes, pero también tenemos que tomarnos esos términos para revisar los decretos con toda tranquilidad y seriedad. Los estados de excepción obligan al juez a ser tranquilo y sereno para que haga las evaluaciones correspondientes.
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Ese decreto precisamente se dio por la escalada de violencia en esa región, que también afectó a firmantes del Acuerdo de Paz. Ustedes encontraron que había una grave vulneración a su vida y seguridad. ¿Qué han hecho y qué pueden hacer desde la Corte para que se supere ese problema y no quede solamente en órdenes que no se cumplen?
Lo que ha hecho la Sala de Seguimiento, de la cual yo también formo parte, es hacer el seguimiento del cumplimiento de esas órdenes. Además, hemos hecho audiencias públicas para escuchar a todas las partes y entender qué se ha hecho. Con base en esa información, verificaremos y analizaremos cuál es el grado de cumplimiento de las órdenes y, si hay un, incumplimiento, adoptaremos las determinaciones que le corresponde adoptar a la Corte Constitucional.
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Otro tema grueso que está pendiente es la demanda de Paloma Valencia para tumbar la reforma pensional. Incluso, pidió que el magistrado Vladimir Fernández fuera apartado del caso. Usted es ponente de ese proceso, ¿cómo va la discusión?
Una vez que se presentó la recusación contra el magistrado, lo que le correspondió resolver fue la pertinencia de ese recurso. Hace dos semanas, tomamos la determinación de declarar la falta de pertinencia de la recusación, porque se presentó un escrito en donde se señaló una probabilidad de que el magistrado estaba impedido, pero no se probó que estaba impedido. Además, la recusación se formuló extemporáneamente, por lo que la Sala Plena determinó que el magistrado continúa. Lo que corresponde ahora, y como lo estaré haciendo en el curso de la semana, es radicar el proyecto de ponencia. Y la Corte, la Sala Plena, tiene la oportunidad para hacer el estudio de la misma dentro de los 60 días siguientes para que adopte la determinación que el derecho corresponda. La Corte también puede acelerar el estudio, como se propondrá para que lo haga. Evaluaremos todos los conceptos para tomar una decisión que aspiro a que se haga dentro de las próximas tres o cuatro semanas.
La Corte ya ha tomado decisiones que no han caído bien en el gobierno y el mismo presidente Petro los señala de estar politizados y de darle un golpe blando. ¿Qué le responde?
Yo respeto la opinión de todos los ciudadanos que tienen derecho a disentir de una decisión judicial. El presidente Petro está en todo su derecho de presentar su opinión en relación con el tema. Yo siempre llamo la atención de que cualquiera que opine sobre una decisión judicial lo debe hacer previo conocimiento de su contenido y alcance. Especialmente porque muchas personas se mueven rápidamente por el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información que exigen una respuesta inmediata. Creo que se apresuran a tomar posturas y a opinar sin haber leído el contenido de las decisiones.
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También soy consciente de que a veces, en el caso nuestro, el día que adoptamos la decisión no tenemos la sentencia por diferentes razones, prácticas o técnicas, que nos impiden proferir y tener en ese momento el texto integral de la decisión. Pero generalmente se produce el comunicado de prensa, generalmente hay un flash informativo que dice cuál es la razón de la decisión y, por lo tanto, si al menos leen ese contenido, entenderán cuál fue la razón de la misma. Yo aquí tengo que abonarle al señor presidente. Puede que en algunos casos, inmediatamente que se tiene noticia de una decisión de la Corte, reacciona en algún sentido, pero luego de que su equipo jurídico, seguramente el de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, advierte cuál es la razón de la decisión, el presidente, yo lo he escuchado, ha señalado en varias ocasiones que la Corte ha tenido la razón suficiente para adoptar una determinación.
Aquí no siempre las decisiones son unánimes y el que disienta en su voto, pues asume una posición respetable y por lo mismo no podemos censurar al que presenta un voto disidente. Con mayor razón, no se puede censurar al que de afuera señala que no está de acuerdo con la decisión de la Corte. En todo caso, hay que respetar la decisión y mientras no se modifique por una razón válida, todas las autoridades debemos respetar y acatar las decisiones que se adopten.
En ese sentido, creo que hay una distancia entre el momento en que se produce la decisión, el momento que se produce la reflexión después del conocimiento de la misma y creo que después llega la calma y se produce una tranquilidad que nos garantiza que todas las relaciones de las Cortes con el gobierno, el Congreso, con otras autoridades, son unas relaciones armoniosas y yo guardo la esperanza de que siempre se mantengan.
Usted también lideró la decisión sobre el llamado monopolio licorero. Mucha gente espera ir ya mañana a la tienda y comparar aguardiente Amarillo de Caldas, por ejemplo. ¿Esto si va a ser así de sencillo?
Tengo que precisar varias cosas. Solo se revisó un artículo de la ley de que regula el régimen propio del monopolio de licores que facultaba a los gobernadores para suspender los permisos de introducción de los licores en sus departamentos. Nosotros no revisamos toda la ley, porque no fue demandada. La Constitución garantiza que el Estado pueda contar con monopolios como arbitrio rentístico, entonces esta decisión no acaba con los monopolios como arbitrio rentístico. Eso está vigente, hay unas reglas que dice cómo los que ejercen el monopolio, que lo siguen manteniendo, otorgan los permisos para introducir los licores en sus respectivos departamentos.
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Este año cuatro magistrados se van. ¿Cómo va a manejar esos cambios para que casos que se han madurado por meses y años no se demoren más en resolverse?
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Desde que inició el trabajo de la Corte con la Constitución de 1991, no hubo ningún traumatismo en el proceso de transición de una Corte hacia la otra. Ahora, por ejemplo, no se cambian los nueve originales, sino solamente en este año cuatro magistrados y eso se estará manejando en la misma forma como tradicionalmente lo hizo la Corte para que no se vaya a producir ningún problema en la transición de cada uno de los despachos y conservemos una estabilidad institucional que nos permita que los magistrados nuevos se incorporen al trabajo ordinario de la corte y nos permita garantizar que todo se cumpla con celeridad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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