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Este jueves, la Corte Constitucional tumbó, en una votación de seis contra tres, todo el nuevo Código Electoral que pretendía poner sobre la mesa las nuevas reglas de juego para votar en el país. La Corte aclaró que la decisión se dio porque, al estudiar el proyecto, se encontraron vicios del trámite, a pesar de que el magistrado ponente, Jorge Enfique Ibáñez, pedía mantener la norma en firme. La ponencia del nuevo proyecto de sentencia la tendrá que elaborar el magistrado Alejandro Linares.
El alto tribunal en su análisis tuvo en cuenta dos situaciones: el debate de forma y el de fondo, que básicamente se distribuyó de la siguiente manera: En la forma analizaron si la norma cumplió todos los requisitos en el Congreso para convertirse en Ley. En ese orden, lo que dejó sin piso la propuesta del Gobierno, y de paso a la ponencia del magistrado Ibáñez, es que la nueva reforma se adelantó en sesiones extras, y tanto la Constitución como conceptos del Consejo de Estado, han dicho que las leyes estatutarias deben adelantarse en una sola legislatura, que comprenden del 20 de julio de un año hasta el 19 de julio del año siguiente. Es decir, solo en ese espacio de tiempo y no en sesión extras.
En cuanto al debate de fondo, la ponencia del magistrado Ibáñez era un espaldarazo para el Gobierno, pues argumentó que la ley se ajustaba a la Constitución. Para llegar a esa determinación, el jurista recibió en su despacho más de 22 conceptos, a favor y en contra. La Procuraduría, por ejemplo, pidió que le dieran celeridad al estudio, y además, solicitó que el alto tribunal solo tuviera en cuanta para declarar inexequibles tres expresiones que reposan en artículos diferentes. Otros actores importantes en esta discusión son los partidos políticos y las entidades que integran el orden electoral que también enviaron sus conceptos.
En concreto, el Código Electoral hablaba de la introducción de tecnología biométrica, el voto electrónico mixto al sistema electoral de todo el país, herramientas que no son otra cosa que, en lugar de marcar un tarjetón con un esfero, el elector elige a su candidato en una máquina que imprime en un papel su selección para depositarlo en una urna. Además, la ley incluyó la adquisición de un software propio para la realización de los escrutinios y, asimismo, y el uso de datos biométricos.
El alto tribunal tumbó uno de los planes bandera del actual Gobierno que fue apoyado por la Procuraduría y las entidades electorales que incluso, en medio del análisis de la Corte, pidieron que se declarara urgencia nacional para estudiar el tema. Es decir, que se le diera celeridad al debate. No obstante, esa pretensión no prosperó en la Sala de noviembre pasado porque coincidieron que las elecciones para este año se podían tramitar con las reglas que estaban vigentes desde 1979.
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Desde el partido político Mira, por ejemplo, le pidieron a la Corte declarar la constitucionalidad del nuevo código. Entre sus argumentos, expresaron que la nueva reforma busca que el ciudadano tenga acceso a las urnas. Apoyan la iniciativa de instalar puestos de votación en zonas suburbanas y centros rurales en resguardos indígenas y consejos comunitarios. A su juicio, con ello atienden las condiciones de distancia que antes era un impedimento para que los colombianos que habitan zonas alejadas del país pudieran ejercer el derecho al voto. También destacaron el componente tecnológico que se incorporará, pues uno de los puntos claves es la modernización del sistema.
El partido de la U también remitió su concepto a la Corte. Allí consignó su respaldo a la nueva reforma electoral que no se había actualizado en tres décadas. La colectividad, en este caso, si bien resaltó la igualdad que brinda el código frente a la posibilidad de que los partidos políticos incluyan en sus equipos personas en condición de discapacidad, de la comunidad LGBTI y cualquier otra población, señaló que el hecho de que se deje esta facultad, únicamente a los partidos políticos, desconoce la existencia de otras modalidades de agrupación política y representación democrática. Otro reparo que también reposó en el despacho del magistrado Ibáñez fue el de Colombia Humana.
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El grupo político, liderado por el senador y actual precandidato presidencial Gustavo Petro, reprochó que el nuevo código no permitiría que un movimiento que haya alcanzado gran número de votos en las elecciones pueda ser inscrito como partido político si no tiene la personería jurídica que le otorga el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa puja la zanjó el senador ante la Corte Constitucional y, a través de una acción legal, le entregaron esa figura jurídica para establecer la Colombia Humana como partido político. Otro concepto inconforme con el proyecto es el de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que expresó que habría violación a varios derechos fundamentales en el nuevo código.
En su concepto, la entidad consideró que era pertinente un estudio detallado de la Corte Constitucional por vicios de fondo, y no solo de forma, debido a que están involucrados derechos fundamentales respecto al uso de información biométrica (como huellas digitales) y el tratamiento de datos sensibles que, a su juicio, pueden quedar al descubierto una vez se implemente su utilización. “La medida propuesta en el artículo 44 implicaría la generación de un monopolio estatal (en cabeza de la Registraduría Nacional) de los datos biométricos o sistemas de autenticación”, expuso la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.
La Registraduría Nacional y el CNE, por su parte, expresaron su visto bueno a esta ley estatutaria. Las entidades, encargadas en gran parte de las contiendas electorales, coincidieron en que el proyecto pretendía fomentar garantías de vigilancia, control y acceso a las tecnologías durante los próximos escrutinios.
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