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Carlos Camargo Assis se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional el pasado miércoles y tomó juramento para cumplir con su nueva tarea en la cúpula de la justicia constitucional del país. Casi un mes después de haber sido elegido por la plenaria del Senado para integrar la Sala Plena del alto tribunal, el exdefensor del Pueblo inició su periodo de ocho años en reemplazo del exmagistrado José Fernando Reyes Cuartas. Aunque aseguró que no dimitirá en su tarea como juez constitucional, cumplir esa promesa no está del todo en sus manos, sino en las de otra alta corte: el Consejo de Estado. Desde su victoria en Congreso el pasado 3 de septiembre, han llegado 10 demandas que piden anular su elección por, supuestamente, estar viciada.
En contexto: Carlos Camargo se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional
A la posesión de Camargo Assis como magistrado, además de su esposa e hijos, asistieron sus compañeros de la Sala Plena: las magistradas Paola Andrea Meneses, Lina Marcela Escobar y Natalia Ángel, así como los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo, Héctor Carvajal y Juan Carlos Cortés. Los grandes ausentes fueron el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien no asistió por enfermedad, y el presidente de la República, Gustavo Petro, quien, aunque fue invitado, declinó participar en el evento. Los presidentes que sí estuvieron fueron el de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, el del Consejo de Estado, Alberto Álvarez, y el del Senado, Lidio García, del Partido Liberal.
Estas tres últimas instituciones, precisamente, aunque no son demandantes, tienen que ver directamente con las acciones que podrían sacar de la Corte Constitucional al recién llegado Camargo Assis. Ante la Sección Quinta del Consejo de Estado fueron presentadas en menos de un mes 10 demandas de nulidad electoral, apuntado a dos cosas, principalmente: una, que la llegada de Camargo vulnera la ley de cuotas para que haya paridad en el alto tribunal; y dos, que hubo vicios en su elección, porque familiares de magistrados de la Corte Suprema y senadores que participaron en su elección, recibieron contratos en la Defensoría del Pueblo entre 2020 y 2024, tiempo en el que Carlos Camargo estuvo al frente de esa entidad. Aunque cuatro de esas acciones ya se cayeron en el Consejo de Estado, la mayoría sigue avanzando.
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El grueso de las demandas que quedan en pie plantean que Camargo debe salir del cargo recién asumido porque esposas, hijos y otros familiares de al menos siete magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema, la misma que lo ternó al cargo, y que fueron favorecidos con cargos en la Defensoría del Pueblo. Ese mismo señalamiento también fue mencionado en los recursos, pero aseverando que Camargo repartió otros puestos a familiares de actuales senadores que participaron en la elección del pasado 3 de septiembre. Esos puestos hicieron ruido durante la campaña y posterior victoria de Camargo, al punto de señalar que su elección podría terminar cayéndose, como ocurrió con la del exprocurador general Alejandro Ordóñez en 2016.
El caso que incluyeron las demandas como precedente tuvo lugar en 2016, cuando el mismo Consejo de Estado tumbó la reelección de Ordóñez como jefe del Ministerio Público. En esa época, el alto tribunal encontró que en 2012, cuando aspiraba a repetir cargo, el entonces procurador general había entregado puestos en el ente de control a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que apoyaron su reelección y lo eligieron como su candidato de la terna que posteriormente votó el Senado y lo dejó como ganador. En el caso de Camargo, cinco de las seis demandas en el Consejo de Estado muestran que lo ocurrido en la elección del exdefensor del Pueblo sería un espejo de esas movidas que en su momento hizo el procurador general.
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Las demandas resaltan que esa repartición de cargos a personas cercanas a quienes intervendrían en su proceso para llegar al alto tribunal —o el “yo elijo a tus familiares y tú me eliges”, como resumió el jurista Rodrigo Uprinmy— vulnera directamente el artículo 126 de la Constitución que Camargo juró defender y hacer cumplir. Ese punto de la Carta Política prohíbe a los servidores públicos nombrar, postular o contratar con personas vinculadas por parentesco o que hayan intervenido en su designación, con el fin de prevenir el nepotismo, clientelismo y tráfico de influencias. Precisamente, esas faltas fueron las que encontró en su momento el Consejo de Estado y, con el caso de Ordóñez, creó el precedente para evitar el abuso del poder en entidades estatales para llegar a altos cargos.
Dentro de las demandas, además de la repartición de cargos en la Defensoría a familiares de magistrados, también hay otro punto clave: senadores que resultaron favorecidos con contratos en la entidad. Por ejemplo, la demanda del abogado Ludwig Julián Iguavita, quien señala que “a varios senadores que le votaron les dio contratos y puestos, como a Esperanza Andrade, senadora, a la cual le dio COP 200 millones en contratos entre 2022 y 2024. Siete senadores adicionalmente recibieron beneficios de Camargo y no se declararon impedidos, por lo cual cabe la pérdida de su investidura”. Esa misma solicitud está presente en la demanda presentada por José Gabriel Sierra Quintana y David Alejandro Rintá Landínez, quienes en su documento pusieron como ejemplo el caso de Ordóñez.
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Otra de las demandas, la del abogado Jaime de Jesús Barreto, apunta a que los vicios estuvieron tanto en la Corte Suprema para conformar la terna, como en el Senado al votarla, pero apuntando a temas de paridad de género. Asegura el demandante que se vulneró que artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por haberse votado por Camargo Assis “con desconocimiento en las normas en que debía fundarse, en particular aquellas que consagran el principio de igualdad y paridad de género en el acceso a los más altos cargos públicos”. Según el documento, la Corte Suprema debía enviar una terna que fuera compuesta solamente por mujeres para garantizar la paridad. También, que si el Senado veía que solo había una mujer, debieron votar por ella, para mantener un balance de género en el alto tribunal.
Mientras que los procesos avanzan y se resuelven en la Sección Quinta del Consejo de Estado, el ahora magistrado Carlos Camargo seguirá en firme con su trabajo en la Corte Constitucional, en donde una de sus primeras tareas será debatir y ayudar a resolver la demanda que pide tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Con sus decisiones empezará a probar la independencia que aseguró tener de magistrados y senadores que lo eligieron para el nuevo cargo, como lo aseguró en su discurso de posesión, en el que manifestó que su nuevo puesto obliga a “asumir la responsabilidad de defender la Constitución, enalteciendo la tarea de administrar justicia con independencia e imparcialidad”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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