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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que son los juzgados penales municipales de Barranquilla con funciones de control de garantías los que tienen la competencia para conocer la audiencia de formulación de imputación en contra del desmovilizado paramilitar Jhonnnys Rafael Acosta Garizabalo alias ’28’, procesado por haber faltado a la verdad en la investigación que se adelanta en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce por presuntos vínculos con paramilitares.
El alto tribunal ordenó trasladar la diligencia judicial a la capital del Atlántico, puesto que en un principio la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento se iba a adelantar en el juzgado 75 penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá. La Corte Suprema aceptó la impugnación del titular del despacho presentado por el procesado el pasado 25 de septiembre.
En su solicitud, el jurista aseguró que no existe justificación para que su cliente no fuera trasladado a Bogotá o por qué no se presentó la solicitud de la audiencia preliminar en Barranquilla “lugar donde presuntamente se cometieron los delitos y donde aquel se encuentra recluido”, por lo que señaló que sus derechos fundamentales fueron transgredidos.
Al resolver el recurso, la Corte Suprema tuvo en cuenta que el procesado se encuentra privado de la libertad en Barranquilla, por lo que por agilidad judicial es menester adelantar la audiencia allá. Igualmente se tuvo en cuenta el hecho que pese a que se insistió en la imputación vía teleconferencia “se presentaron problemas técnicos” que “obligó la repetición de los fundamentación fácticos de imputación en tres oportunidades, lo que a la postre generó un desgaste en la administración de justicia”.
“Que si bien es cierto la ley no impone el control de garantías tenga que ser siempre realizado por un juez del lugar en el que ocurrió la conducta punible, de todas formas la intervención de cualquier funcionario judicial de esa naturaleza, en cada caso concreto, debe obedecer a la necesidad de proteger las garantías fundamentales de las personas que pudieron verse comprometidos,
La Fiscalía le imputará los delitos de falso testimonio, fraude procesal y soborno por faltar a la verdad en la investigación que se adelantó contra la exrectora universitaria por presuntamente haber ordenado el crimen del ganadero Fernando Cepeda en septiembre de 2003. El asesinato fue ejecutado por paramilitares comandados por alias ‘Don Antonio’.
El procesado habría además prometido la entrega de 150 millones de pesos a dos desmovilizados de las AUC para que acusarán a Silvia Gette de haber ordenado el crimen.
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