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La Corte Constitucional solicitó el concepto de organismos como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, con el fin de determinar si el estado de emergencia declarado por el Gobierno tras la ola invernal se acogió a los principios exigidos por la Constitución.
De la misma manera, convocó el concurso de académicos, como la solicitud a la Universidad Externado de Colombia, para que contribuyan con sus conceptos a precisar qué tan viable era hacer uso de herramientas excepcionales para enfrentar los daños causados por las lluvias.
Ocho de los decretos, incluyendo aquel por medio del cual fue declarada la emergencia social y ambiental ya están siendo estudiados, bajo la ponencia del magistrado Mauricio González Cuervos, quien cumple sus últimos días en la Presidencia de la Corte Constitucional.
El alto jurista tendrá a su cargo el exámen de las normas expedidas de manera excepcional por el Gobierno relacionados con las fuentes de financiamiento para la adquisición de nuevos recursos, modificación del presupuesto, evacuación de personas afectadas, entre otros.
La Presidencia de la República, así como los ministerios de la Protección Social, de Minas, del Medio Ambiente, de Agricultura y Acción Social, ya fueron notificados del cumplimiento de los trámites.
La Corte deberá determinar si los millones de damnificados, pérdidas de cultivos, cabezas de ganado, entre otros estragos dejados por el invierno constituyen una situación de catástrofe que no podía ser resuelta prontamente a través de las herramientas convencionales otorgadas por la Ley y, por el contrario, se requerían de facultades extraordinarias como las utilizadas por el Ejecutivo para atender la crisis.
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