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Ante las recientes renuncias sobre las irregularidades en el número exacto de muertos y víctimas en la masacre de Mapirián, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) citó para el próximo 23 de noviembre a una audiencia extraordinaria en San Juan de Costa RIca a los representantes del Estado con el fin de revisar los fallos emitidos por esta matanza.
El organismo internacional busca establecer si se presentó algún tipo de fraude en las pruebas presentadas y que conllevaron a emitir una condena en 2005 contra Colombia y que cobijó a 49 víctimas y más de 60 desplazados, cifras que ahora están en entredicho por las pruebas presentadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
En un comunicado, la Cidh explica que investigará la presencia de “falsas víctimas” de la masacre perpetuada por los paramilitares en julio de 1997 en la población del Meta. Aclaran que una de los principales testimonios que se tomó para emitir la condena fue el de Mariela Contreras, presentada como víctima puesto que su marido y sus dos hijos habrían sido asesinados en la masacre.
Sin embargo, esta mujer ha señalado en los últimos días ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá y los medios de comunicación que ni su marido ni sus hijos fueron víctimas en esta masacre, sino que el primero fue asesinado en una población cerca y los otros dos estaban desaparecidos.
Ante esto, el presidente de la Corte Intermaericana, Diego García-Sañan señaló que estudiará el caso para tomar las medidas necesarias, “estos hechos que actualmente forman parte del debate público, deben ser canalizados a través del mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana para que ésta, en su caso, tome las medidas que correspondan».
A la diligencia fueron convocados los representantes del Estado de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas y sus familiares.
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