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El pasado 14 de noviembre, la secretaria de la Sala Penal, Nubia Yolanda Nova, le dio a conocer al abogado Enrique Gómez Martínez, sobrino del dirigente asesinado, la solicitud hecha por la Corte para que la Fiscalía le remita “de inmediato” el proceso contra Serpa, debido a que éste cuenta con fuero constitucional.
No se descarta que la Corte Suprema, tras asumir el caso, declare delito de lesa humanidad el crimen y evite así su prescripción, como los familiares de Gómez Hurtado han solicitado varias veces a la Fiscalía. La solicitud fue apoyada en su momento por cuatro expresidentes: Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes a finales de octubre le enviaron una carta al jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre.
“Han pasado ya 19 años de impunidad en los cuales muchos de los autores materiales y, lo que es peor, intelectuales, han tenido plena libertad para continuar actuando dentro de la sociedad colombiana en contra del Estado social de derecho”, se lee en uno de los apartes de la misiva. Pero el expediente por este crimen sigue en el limbo. La decisión de la Corte se produce pocos días después de que el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, William Rodríguez Abadía, salpicara al expresidente Ernesto Samper y a Serpa con el cartel de Cali. Sobre el segundo dijo que como ministro le colaboró a la organización criminal con un proyecto de extinción de dominio favorable a sus intereses.
“Con su gran oratoria cambiaba totalmente las conciencias de los congresistas. Entonces era necesario que el doctor Serpa no asistiera a esa plenaria y nos reunimos para convencerlo, porque si él asistía, sabíamos que íbamos a perder. Y él accedió a irse a un homenaje que le estaban haciendo en su pueblo natal, Barrancabermeja. No asistió y ese día ganamos en la Cámara de Representantes”, dijo. Declaraciones que se suman a las que ha dado el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien ha señalado que “en 1995 se adelantó una reunión en una finca de Tierralta (Córdoba) en la que participaron el comandante de las autodefensas, Carlos Castaño; el jefe del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao, y el narcotraficante Efraín Hernández, alias Don Efra”. En ese encuentro, según Rasguño, se presentó una discusión muy fuerte por el asesinato de Gómez Hurtado.
En contraste, hace menos de una semana el exministro y exgobernador de Santander, mediante un fuerte comunicado, reiteró: “Nada tuve que ver con el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Es infame y mentiroso involucrarme con tan repudiable crimen. Hace años se me persigue. En las últimas semanas he sido agredido de nuevo, sin misericordia, por la familia Gómez Hurtado, con acusaciones absurdas y temerarias. Buscan jugosa indemnización oficial. No descarto el revanchismo político ni la mala intención de tergiversar conocidas versiones sobre el asesinato, incompletamente investigadas. Me quieren utilizar como ‘chivo expiatorio’”.
Y agregó que “el refrito con que salió William Rodríguez es otra estrategia para despistar incautos. Con su mentirosa versión, en la que dice unas verdades con muchas mentiras, no se puede construir un acto delictuoso, ni siquiera reprochable. El proyecto de ley a que se refiere nunca fue aprobado. Se hundió en la Cámara de Representantes, gracias, entre otras cosas, a la frontal oposición que le hice en el correspondiente debate de plenaria”.
Al margen de estas explicaciones, lo cierto es que luego de 19 años apenas hay un condenado por el crimen de Gómez Hurtado: Héctor Paúl Flórez, sentenciado a 40 años de prisión. Los familiares del dirigente conservador han dicho que él no es el verdadero responsable sino un chivo expiatorio y, de hecho, han defendido su inocencia. El caso sigue impune y se encuentra a punto de prescribir. ¿Qué hará la Corte Suprema al respecto?