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La Corte Constitucional le pidió un informe al Gobierno en el cual indique las medidas que se han tomado en los últimos meses para disminuir los casos de alteración al orden público y hechos de violencia registrados en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.
La solicitud fue emitida por el presidente del alto tribunal, Luis Ernesto Vargas Silva quien manifiesta que es urgente conocer las medidas adoptadas para contrarrestar esta situación y para lograr la ubicación de las denominadas ‘casas de pique’ que serían utilizadas por las bandas criminales en el marco de una lucha territorial.
Igualmente se hizo mención sobre los casos de desplazamiento forzado que se estaban presentado debido a la grave situación de violencia, por lo que pidió claridad sobre la ayuda que se ha entregado.
La Corporación asegura que la explotación ilegal de minas, los monocultivos de palma aceitera y las aspersiones aéreas con glifosato han aumentado los casos de desplazamiento forzado en dicha zona del país.
En el auto se hace mención a la grave situación que se ha presentado en los últimos meses.
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