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La Corte Constitucional le ordenó al Estado iniciar los procesos para reajustar las pensiones de los trabajadores y empleados oficiales que alcanzaron su jubilación entre 1987 y 1990.
El alto tribunal tomó esta decisión al considerar que se habían presentado fallas al momento de liquidar sus pensiones, lo cual afectó considerablemente a los empleados oficiales.
En este sentido la Corporación señaló que el entonces organismo encargado de este proceso no tuvo en cuenta algunos factores salariales como las primas, gastos de representación y los viáticos.
Esta decisión obliga a las entidades del Estado a ponerse al día con los trabajadores oficiales que se pensionaron en esa época, por considerar que se violó el derecho de igualdad entre los trabajadores del Estado y los privados.
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