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En un completo informe enviado a la Corte Constitucional, la Contraloría General manifestó que existe un detrimento patrimonial en la salud por un valor superior a los 144 mil millones de pesos, consecuencia de diferentes y serias consecuencia de los llamados recobros de medicamentos.
Según el órgano de control, este detrimento se debe en cierta medida a las irregularidades y omisiones en las auditorias que se realizaron en los últimos años, hecho por el cual no se había podido determinar la fuga de recursos en este sector.
Sobre este tema, el revela que según la Fiscalía existen muchos inconvenientes, trabas y problemas para verificar si realmente el servicio se ha prestado o se ha suministrado el medicamento por lo que resulta “fácil” realizar ese tipo de recobros.
Ante esta situación la Fiscalía anuncio que se centrara en no solo la represión penal sino en la prevención , retarde o rehúse un control efectivo para prevenir un acto de corrupción.
Por su parte, la Procurador General de la Nación manifestó que existen serias fallas en la prestación y acceso al servicio de salud, principalmente por la falta de unificación de precios máximos de medicamentos, dispositivos, insumos y demás servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS).
Ante esto, la Corte Constitucional citó para el próximo 12 de mayo los ministros de Salud, Beatriz Uribe, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, además de todos los organismos asociados al sector de la Salud, a una audiencia para que rinda cuentas sobre el manejo del sistema general de salud y las medidas que se han adoptado para superar los problemas financieros y de acceso a los servicios que presenta.
Para el alto tribunal, es menester constatar y debatir los informes presentados por el Gobierno, en los cuales se señalan que existen barreras y obstáculos que afectan el flujo de recursos al interior del sistema de recobros, la sostenibilidad financiera y el acceso efectivo a los servicios de salud que la población requiere.
En este sentido se tendrán que estudiar las soluciones a corto y largo plazo sobre la carencia de fuentes de financiación, valores recobrados y pagados que exceden los topes máximos determinados por el Gobierno e irregularidades en el sistema de verificación, control y pago de las solicitudes de recobros son algunas de las fallas que están afectando el sistema.
“Propender por soluciones profundas, definitivas e integrales frente a una problemática recurrente que ha sido puesta de presente en múltiples pronunciamientos de la Corte”, indica uno de los apartes de la citación hecha por la Constitucional con el fin de solucionar diversos inconvenientes en el sistema de salud en Colombia.
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