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La Corte Constitucional le solicitó a la Procuraduría General que investigue las presuntas omisiones en las que pudo haber incurrido la contralora General, Sandra Morelli, por su presunta responsabilidad en el desacato de un fallo sobre el nombramiento de directores.
En este sentido, el alto tribunal busca que se establezca si se presentaron irregularidades en la ejecución del fallo que hacía referencia a la ley estatutaria para la contratación de funcionarios de libre nombramiento y remoción.
Según el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, la Contralora General pudo incurrir en una omisión de sus funciones al no cumplir el fallo emitido en abril de 2011 y con el cual se fijaban limites sobre los nombramientos.
“Ha omitido el cumplimiento de este fallo de designar mediante el sistema de concurso para la vinculación a la carrera administrativa dentro de la Contraloría General cerca de 30 funcionarios designados para el cargo de directores de vigilancia fiscal”, precisó Bustos.
Ante esto, dijo, el organismo fiscal habría pagado de manera irregular sueldos por un valor superior a los 4.800 millones de pesos a un grupo de funcionarios encargados de la vigilancia administrativa, control ejecutivo y otras funciones dentro de la Contraloría.
“Habría incurrido tanto en falta disciplinaria como en una posible hecho punible el presunto fraude a un resolución judicial toda vez que no dio cumplimento a una sentencia vinculante de la Corte Constitucional”, sostuvo el presidente de la Red de Veedurías.
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