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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazó los impedimentos presentados por los magistrados Ariel Salazar Ramírez y Armando Tolosa para conocer y emitir una decisión de fallo en las impugnaciones presentadas en contra del fallo de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a favor de Gustavo Petro.
En la sesión celebrada este martes, la Sala consideró que los impedimentos presentados por los togados, quienes argumentaron tener familiares trabajando en la Procuraduría General y la Alcaldía de Bogotá, no cumplían los requisitos exigidos para que se alejaran del conocimiento de este caso. Sin embargo si se aceptó el recurso presentado por la magistrada Ruth Marina Díaz.
Ante esto, será el despacho el magistrado Ariel Salazar el encargado de resolver las impugnaciones presentadas por la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y la Procuraduría General en contra del fallo que restituyó a Petro Urrego en su cargo como Alcalde Mayor de Bogotá el pasado 22 de abril.
Con esta decisión se reactivan los términos para que en un plazo de diez días el magistrado resuelva los recursos jurídicos. Sin embargo, de avalarse los argumentos, la decisión no tendría consecuencia puesto que el Consejo de Estado emitió medidas cautelares a favor del alcalde Petro mientras se resuelva una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
El pasado 13 de enero la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General dejó en firme el fallo que destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República en diciembre de 2012.
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