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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó este martes 1 de octubre al exsenador del Partido Conservador Alirio Villamizar Afanador por los presuntos delitos de peculado por apropiación y lavado de activos. De acuerdo con el alto tribunal, los hechos están ligados a posibles conductas irregulares que se fraguaron para que personas cercanas al excongresista simularan una condición de empleados en una Unión Temporal para recibir altos salarios sin trabajar.
Según estableció el alto tribunal, los contratos fueron entregados por el Instituto de Seguros Sociales a la Unión Temporal Servir, en el departamento de Santander. La Corte, según las pruebas allegadas al expediente, encontró que se cobraron salarios de seis personas que nunca prestaron sus servicios a esa empresa. Todo se habrían presentado entre el 1 de marzo de 2007 y el 17 de junio de 2008, cuando Villamizar Afanador era senador.
De acuerdo con el alto tribunal, el delito de lavado de activos estaría ligado a la recepción de los dineros por parte de los falsos trabajadores. Ese dinero, continúa la Sala de Instrucción, habría ingresado al sector financiero y luego, mediante endoso (figura mediante la cual se cede un título o crédito), habría terminado en los bolsillos de Villamizar Afanador y sus familiares, con lo que se compraron varios inmuebles.
Desde el 28 de septiembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia ratificó que seguiría investigando a Villamizar Afanador, padre el representante a la Cámara del Centro Democrático Oscar Leonardo Villamizar, por ambos delitos por los que hoy se le acusa.
Sin embargo, no es la primera vez que el exparlamentario tiene problemas con la justicia. El 8 de julio de 2010, la Corte Suprema lo condenó a 117 meses (nueve años y siete meses) de prisión después de ser hallado culpable del delito de concusión, que se materializó tras haber recibido a su favor el manejo de una Notaría a cambio de votar en favor de la reelección presidencial en 2004.
Adicionalmente, el dirigente fue sentenciado al pago de una multimillonaria multa de más de $45.000 millones, y fue merecedor de una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por espacio de 96 meses. Entre 2014 y 2015, cuando cumplió tres cuartas partes de su condena, al exsenador se le otorgó la libertad.
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