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El fiscal Francisco Barbosa ha sacado pecho de las investigaciones que su administración ha adelantado en contra de gobernadores de todo el país. En el último balance que presentó la Fiscalía, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia ha vinculado a 35 exgobernadores a investigaciones penales, ha presentado 56 escritos de acusación y ya logró 23 condenas. Sin embargo, uno de esos expedientes acaba de ser duramente criticado por el alto tribunal.
Se trata de la investigación contra dos exgobernadores del Meta, Alan Jara y Darío Sánchez Vásquez, a quienes la Fiscalía les imputó cargos en abril de 2021. Según las pesquisas, los exfuncionarios cometieron varias irregularidades en un contrato que, al parecer, terminó afectando el suelo, la fauna y los paisajes del Parque Nacional Natural Tinigua (un área de especial protección de La Macarena). Por eso, terminaron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.
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Lo que la Fiscalía reveló en ese momento es que ambos exgobernadores habrían cometido errores en la celebración de un contrato que tenía como fin la remodelación de un colegio internado que está ubicado en el Parque Natural Tinigua, en la vereda Brisas del Guayabero. La investigación dio cuenta de que el contrato, que superó los $4.100 millones, al parecer se tramitó y celebró sin el cumplimiento de una licencia ambiental y otros permisos de ley. Para el ente investigador, ese presunto incumplimiento contractual y de la normatividad ambiental vigente por parte de los exgobernadores provocó un grave daño a los recursos naturales de la zona.
Sin embargo, la defensa de ambos exgobernadores evidenciaron desde el primer momento varios errores de la Fiscalía. Así se lo hicieron saber al magistrado que escuchó y avaló la imputación de cargos, quien además no tuvo en cuenta los mismos repartos que hizo la Procuraduría a la presentación de los hechos que hizo el ente investigador. En concreto, lo que tanto criticaron fue que el fiscal del caso nunca fue claro en lo que en el mundo del derecho penal se conocen como los hechos jurídicamente relevantes.
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Además, señalaron que durante la imputación de cargos, el delegado de la Fiscalía tampoco fue claro en la participación, si como coautores o sujetos pasivos de los exgobernadores, y pidieron que hubiera claridad en esos hechos para poder hacer una efectiva defensa. Así, el caso fue avanzando y el siguiente paso fue la presentación del escrito de acusación en contra de Jara y Sánchez, en donde los abogados defensores esperaban que todos los errores que evidenciaron durante la imputación se resolvieran.
No obstante, eso nunca sucedió. Así se lo hicieron saber a la Corte Suprema de Justicia, que le puse la lupa a las peticiones de los abogados y a todo el trabajo de la Fiscalía. La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal estudió el caso. Con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, la Corte le dio toda la razón a la defensa de los exgobernadores y, en una decisión del pasado 23 de junio, tumbó el escrito de acusación de la Fiscalía y evidenció los errores que cometió el fiscal del caso.
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En concreto, el alto tribunal encontró que la Fiscalía nunca, ni siquiera en la imputación de cargos, explicó de manera correcta los hechos jurídicamente relevantes. Tampoco hizo una explicación correcta del grado de participación que habrían tenido Jara y Sánchez en el contrato supuestamente irregular y que, en últimas, el ente investigador había sido contradictorio, impreciso y ambiguo.
Aunque el fondo de esta discusión es puramente jurídica, pues lo que encontró la Corte es que la Fiscalía no logró determinar si los exgobernadores habían tenido conductas pasivas o activas en los delitos, el alto tribunal calificó como “totalmente borroso, impreciso y contradictorio” lo dicho por el funcionario. “En estos términos, la imputación es anfibológica y contradictoria porque no se sabe si el comportamiento imputado fue una conducta activa, como se observa en la primera parte de la imputación, o pasiva, según el segundo fragmento”, dice el alto tribunal.
Por los errores de la Fiscalía, que en últimas impiden que los exgobernadores puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa, pues es tan contradictora la posición del ente investigador que se vuelve imposible defenderse, la Corte Suprema anuló todo el trabajo que hizo la administración de Francisco Barbosa después de la imputación de cargos. Aunque la Fiscalía puede apelar esta decisión, el siguiente paso sería la modificación del escrito de acusación en donde el funcionario que lleva el caso tendría que corregir todas esas posiciones contradictorias y ambiguas que ya le evidenció el alto tribunal.
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